Haciendo seguimiento a la Sentencia T-760 del 2008, que impartió órdenes para garantizar una oportuna y adecuada prestación de servicios de salud, la Defensoría del Pueblo anunció que se vinculará a la red de controladores dispuesta por la Superintendencia de Salud. Según el organismo, se trata de un acuerdo operacional para fiscalizar el manejo de los recursos relacionados con el sistema, afectados por prácticas de corrupción que, según estimativos de la Contraloría General de la República, se aproximan a los $ 8 billones. En este sentido, la Defensoría ejercerá una labor de acompañamiento e inspección, particularmente en relación con los recobros del Fosyga.