Las medidas que buscaban flexibilizar las disposiciones vigentes en lo relacionado con el calendario académico, la jornada escolar y el uso de la infraestructura escolar disponible en las zonas afectadas por la ola invernal se ajustaron al ordenamiento constitucional. Así lo señaló la Corte Constitucional al declarar exequible el Decreto 4827 del 2010, expedido durante la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica. A juicio del alto tribunal, dichas medidas buscaron superar una de las causas de perturbación que justificaron la declaratoria, como fue el daño a la infraestructura educativa, consistente en la destrucción, inundación y ocupación de más de 500 establecimientos educativos, dejando sin estudio a más de 320.000 niños y jóvenes. Añadió que las medidas, de carácter transitorio y de alcance limitado, no permitían excesos que pusieran en riesgo el derecho a la educación (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).