El Consejo Superior de la Judicatura declaró que es una fiscalía especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con sede en Bogotá, la competente para investigar la muerte de dos personas en el departamento del Chocó a manos del Ejército Nacional. Al dirimir un conflicto de competencia, la Sala Disciplinaria señaló que cuando existen comportamientos por parte de los militares que rompen el nexo funcional con el servicio prestado, por la omisión protocolos que los miembros castrenses debieron salvaguardar, se ve vulnerado el debido proceso de la sociedad civil. “La acción de los militares no está relacionada con el servicio que prestan al Estado, ya que no se puede establecer que las víctimas hayan disparado un arma de fuego como argumentan los uniformados ni por qué omitieron solicitar apoyo de la policía judicial para la inspección de los cuerpos” (M. P. Julia Emma Garzón).