La Corte Constitucional reiteró que cuando el Estado, a través del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, desconoce el compromiso que le asiste de brindarles a los detenidos la asistencia médica integral que requieren para tratar las enfermedades que los aquejan, se vulnera el derecho fundamental a la salud y se afecta el principio de dignidad humana. Por tanto, la sala indicó que dentro de los centros de reclusión debe haber claridad sobre las competencias de cada entidad en la prestación de los servicios médicos, es decir, de las EPS, aseguradoras, Inpec y demás (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).