Ante la falta de información precisa y objetiva de la dimensión de la crisis carcelaria en el país, la Sala Especial de Seguimiento a las sentencias T-388 del 2013 y T-762 del 2015 de la Corte Constitucional adoptó una serie de medidas para reorientar el seguimiento a este problema. De esta manera, ordenó al Gobierno Nacional y a los organismos de control que se definan, a la mayor brevedad, los cuatro bastiones del seguimiento: (i) estructurar una base de datos y un sistema de información sobre la política criminal; (ii) la configuración de las normas técnicas sobre privación de la libertad en Colombia; (iii) la consolidación de una línea base y (iv) la definición de indicadores de goce efectivo de derechos, a partir de los mínimos constitucionalmente asegurables definidos en la jurisprudencia constitucional, en temas como: resocialización, infraestructura, alimentación, salud, servicios públicos domiciliarios y derecho de petición de las personas privadas de la libertad (M.P. Gloria Stella Ortiz).