La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional ofició a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para que adopten medidas debido a que jueces ordinarios del municipio de Lorica (Córdoba) le han ordenado al municipio de San Antero, a través de acciones de tutela, el pago de más de $ 4.000 millones por concepto de acreencias laborales irregulares. Además, solicitó la suspensión de dichos pagos hasta que el asunto no haya sido debidamente revisado por la Corte Constitucional, por el grave riesgo que representan para el erario y la sostenibilidad financiera de dicha entidad territorial (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).