La Corte Constitucional ordenó suspender la licitación para la prestación del servicio público domiciliario de aseo en Bogotá, que comprende la recolección, barrido, limpieza de basuras y transporte de los residuos al sitio de disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva. Según el alto tribunal, se busca evitar una posible afectación a los derechos fundamentales de los grupos discriminados o marginados y a los intereses ambientales de los ciudadanos, incluidos el derecho al ambiente sano y la salubridad pública. Además, señaló que existe un desconocimiento de órdenes impartidas por la corporación en esta materia (M. P. Juan Carlos Henao).