La Contraloría General de la República dirigió un control de advertencia al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al director de Planeación Nacional, Mauricio Santamaría, alertando sobre los posibles riesgos que genera para el éxito de la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011) no haber incluido en el presupuesto del 2013 una partida que asegurara el nombramiento de defensores de oficio en todo el país para que, a través de la Defensoría del Pueblo, puedan prestar asistencia judicial a las víctimas. Según expuso la contralora Sandra Morelli, “de la existencia o no del Sistema Nacional de Defensores de Oficio pende en gran medida la posibilidad de que esta ley pueda tener éxito”.