La Contraloría General de la República iniciará procesos de responsabilidad fiscal por cerca de $ 10.000 millones para determinar el presunto daño patrimonial que ocasionan los atrasos en la dotación requerida para poner en marcha el sistema de oralidad bajo el nuevo Código Contencioso Administrativo. El nuevo código le impuso a la entidad la obligación de hacer las inversiones correspondientes para la dotación de la infraestructura requerida, la cual debía estar lista a partir de la entrada en vigencia del código, es decir, el 3 de julio. Según la Contraloría, es evidente que estos despachos no están dotados, pues se proyectó hacer 150 salas para oralidad y a la fecha solo están listas, construidas y dotadas 16.