El Consejo de Estado compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría para que investiguen el escrito dirigido a este alto tribunal por la Unidad Nacional de Protección, en el que presenta reposición a la orden de ofrecer seguridad a los jueces que han estado a cargo del proceso judicial por la violación y muerte de tres menores en Tame (Arauca), debido a que en el texto el organismo se refiere a una supuesta mala amalgama entre un pronunciamiento de la justicia corriente y ordinaria. La colegiatura sostuvo que su solicitud estaba amparada en la Convención Americana de Derechos Humanos y que su propósito no era distinto que el de propiciar que el Ministerio del Interior y la Policía adoptaran medidas de protección a favor de estos ciudadanos (C. P. Jaime Orlando Santofimio).