El Consejo de Estado le ordenó a la Comisión de Regulación en Salud (Cres) y al Ministerio de Salud determinar, en menos de tres meses, la posibilidad de incluir la vacuna contra el virus del papiloma humano dentro del plan ampliado de inmunización a cargo del Estado. El pronunciamiento lo hizo la Sección Primera al fallar una acción popular y amparar los derechos colectivos a la salubridad pública. La Sala dispuso que las entidades demandadas deberán presentar un informe inicial sobre los resultados de los estudios adelantados por el ministerio y la Cres, la solución que se adopte y el programa a seguir para mitigar la amenaza que genera el virus, para establecer si las vacunas son el mecanismo idóneo o qué tipo de tratamiento debe brindarse, la viabilidad técnica, jurídica, financiera, sujetos destinatarios y estrategias para su implementación y cobertura en la comunidad (hombres y mujeres). El alto tribunal señaló que “es evidente que el virus del papiloma humano es una enfermedad contagiosa que pone en riesgo la seguridad y salubridad públicas de la comunidad, por lo que es necesario tomar las medidas preventivas necesarias, en aras de evitar un aumento de contagio en la población” (C. P. Marco Antonio Velilla).