La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial reiteró la obligación que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho que tienen las mujeres a vivir en seguridad y paz. En comunicado, señaló que es necesario que se hable de protección antes que reparación y que esta sea efectiva y no solo retórica, pues existe una amplia normativa que habla de los derechos de las mujeres, pero debe materializarse. “No son constitucionalmente admisibles políticas públicas que sean regresivas, que se estanquen y no avancen en la protección de los derechos de las mujeres, o que lo hagan, pero tan lentamente que resulte irrazonable”, señala la comisión. Por tal razón, pidió que las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos fundamentales cuenten con una mirada de género.