Así actuaron autoridades nacionales en fallida extradición de carpintero de San Vicente del Caguán (12:23 p.m.)

El debate sobre el papel que deben cumplir las autoridades nacionales en la extradición de colombianos se reabrió luego de que el Departamento de Justicia de EE UU se abstuviera de continuar el trámite de traslado de un carpintero acusado, aparentemente por error, de lavado de activos. El propio defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, luego de sugerir su reparación económica, sostuvo que se deben verificar las circunstancias que están llevando a este tipo de equívocos. Pese a que en el concepto favorable de extradición se evidencia que la defensa sostuvo que el carpintero “ni siquiera sabía encender un computador”, en el mismo escrito, la Sala Penal sostiene que no podía tener en cuenta los niveles cognitivos ni condiciones sociales del encartado como factores demostrativos de la 'injusticia', pues el artículo 502 de la Ley 906 del 2004 solo le permite evaluar los aspectos formales que, en este caso, se cumplían. El proceso del carpintero se inició el 4 de marzo pasado, con la orden de captura emitida por la Fiscalía, organismo que solo hasta el lunes 8 de septiembre, autorizada y ordenada la extradición, le pidió al Departamento de Justicia norteamericano verificar que el requerido fuera realmente el sospechoso que buscaba (M. P. Patricia Salazar).