La Procuraduría General de la Nación alertó sobre el surgimiento de nóminas paralelas y vulneración de derechos laborales en entidades estatales que persisten en emplear mediante contratos de prestación de servicios a los encargados de ejecutar funciones permanentes. El Ministerio Público advirtió a los entes del orden nacional y territorial sobre el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional y normas relacionadas con la materia. En ese sentido, citó la Sentencia C-614 del 2009, mediante la cual se describe la manera frecuente como se usa este tipo de contratos, pese a la prohibición existente. Así mismo, dice la entidad, la corporación precisó en la Sentencia C-171 del 2012 que los empleadores privados como oficiales tienen la obligación de respetar estas restricciones, en aras a impedir que el contrato de prestación de servicios se convirtiera en un instrumento de “intermediación laboral, de deslaboralización o de tercerización como regla general”.