El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad contra varios apartes del Decreto 1469 del 2010, que establecen los requisitos para el desempeño de las funciones de los curadores urbanos, pero negó la solicitud de suspensión provisional de la norma. Según el demandante, el Gobierno excedió la facultad para la designación y redesignación de dichos funcionarios, pues debería ser la ley y no un decreto reglamentario el que establezca los requisitos para su reelección. Además, según el accionante, no podía facultar a los alcaldes para que reglamenten el concurso que permitiría la elección del mismo (C. P. Gerardo Arenas Monsalve).