El pasado 30 de abril, un juzgado administrativo de Bogotá concluyó que el derecho colectivo al acceso y prestación del servicio público de la administración de justicia en la jurisdicción contencioso administrativa se encuentra en riesgo, por el actual sistema de evaluación y calificación de los jueces administrativos. Al resolver una acción popular, el juzgado señaló que el sistema genera un dilema ético al juez administrativo, pues otorga un incentivo negativo al privilegiar el rendimiento estadístico sobre la calidad y tramitación de casos sencillos y repetitivos en contrapeso con aquellos de trascendencia política o colectiva. A su juicio, como lo señaló el actor popular, se está privilegiando la puesta en marcha de una “justicia apresurada”. Adicionalmente, el modelo no se adecúa a la problemática de la congestión judicial, que está potencializada con la insuficiencia de las plantas de personal y el reducido número de despachos. De esta forma, ordenó inaplicar el sistema mencionado, establecido en el Acuerdo 1392 del 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y exhortó a esta para que adelante las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para replantear el número de juzgados administrativos permanentes y su planta de personal (juez: Fabio Iván Afanador).