La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sostuvo que este tipo de actuaciones escapan a la concepción de actuación administrativa, de ahí que no pueda pronunciarse de fondo sobre un conflicto de competencias surgido para establecer cuál es la autoridad facultada para determinar la cuota de mantenimiento de un bien sometido a la extinción del dominio que estaba bajo el resorte de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en liquidación. La Sala precisó que frente a la Ley 793 del 2002, que regula la extinción del derecho del dominio, la jurisprudencia constitucional ha reseñado entre sus características su naturaleza jurisdiccional. Finalmente, señaló que en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los conflictos de competencias que le corresponde resolver a esta Sala son únicamente los de carácter administrativo (C. P. Augusto Hernández Becerra).