“El sistema tributario no puede descansar sobre políticas fiscales de emergencia”

El pasado 12 de enero, la firma Brigard Urrutia anunció que el abogado y experto tributarista Adrián Rodríguez Piedrahita ahora forma parte de su equipo de Impuestos. Con ocasión de su nombramiento como socio, ÁMBITO JURÍDICO conversó con Rodríguez sobre los principales retos a los que se enfrenta el sector empresarial durante la etapa de reactivación económica y bajo el esquema planteado por la reforma tributaria más reciente.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué desafíos plantea la Ley de Inversión Social (L. 2155/21) para el sector empresarial, durante el 2022?

Adrián Rodríguez Piedrahita: Si bien la Ley de Inversión Social dio algunos pasos en la dirección correcta, pues soluciona las necesidades de gasto en el corto plazo, implicó algunos retrocesos importantes, especialmente en la competitividad del sistema corporativo de tributación. Elevó la tarifa general del impuesto sobre la renta a rangos superiores al promedio de Latinoamérica y eliminó el reconocimiento de descuento del ICA, que perseguía establecer un sistema corporativo más equitativo y eficiente.

Ese retroceso será justificado siempre que la aplicación de las medidas contenidas en la ley garantice, efectivamente, que los niveles de eficiencia fiscal reposarán no solo en la carga solidaria asumida por el sector empresarial, sino en la efectiva austeridad en el gasto y en la eficacia de las medidas de reactivación social (ingreso solidario, matrícula gratuita, entre otros). Importante entender que, tras la evidente crisis económica generada con la pandemia del covid-19, el principal objeto del sector empresarial es recuperar la dinámica de la demanda a los niveles alcanzados en diciembre del 2019. Para ese momento, Colombia reportaba la tasa de crecimiento más alta de la región. Ello exige que los mecanismos implementados por el Gobierno en la Ley de Inversión Social permitan lograr un incremento del ingreso promedio de los hogares, acompañado de una inversión en capital humano que ayude en la disminución de las tasas de desempleo.

En ese contexto, el mayor reto para el sector empresarial será asumir la carga solidaria que se le impone, con el objeto de reducir los efectos sociales y económicos negativos de la pandemia, garantizando, además, inversión sostenible en empleo y la transformación productiva que asegure mayores niveles de equidad social.

Á. J.: ¿Cómo debe reajustarse la política fiscal para que las empresas nacionales hagan frente a la reactivación económica?

A. R. P.: Desde el punto de vista tributario, Colombia necesita construir una política fiscal que se funde en un sistema tributario progresivo y eficiente. El sistema tributario no puede seguir descansando sobre políticas fiscales de emergencia. Se hace indispensable un cambio estructural que incluya, entre otros, la incorporación de una tarifa corporativa competitiva, que garantice atracción del país como centro de inversión en la región; la eliminación de impuestos regresivos, como el ICA, que no gravan la capacidad contributiva, y la simplificación del sistema tributario y transparencia de los sistemas. Los esfuerzos de recaudo y fiscalización deben enfocarse en atacar la evasión y el fraude fiscal, así como en mantener relaciones de cooperación con empresarios nacionales y extranjeros que cumplen con su obligación fiscal. La reactivación económica demanda la introducción de un sistema fiscal con vocación de permanencia, que fortalezca la confianza de los mercados internacionales, para que indicadores como el dólar y la clasificación de grado de inversión retornen a niveles favorables. La estabilidad en las reglas de juego permitirá alcanzar estabilidad macroeconómica, que se traduce en estabilidad de las finanzas públicas: rentas permanentes y reducción de gasto. Solo de esta forma se lograrán reducir los niveles de deuda y alcanzar de nuevo el superávit primario que teníamos en el 2019 y que se traduce en crecimiento de la inversión y reactivación de la economía.

Á. J.: ¿El actual sistema fiscal es efectivo para atraer la inversión extranjera al país? 

A. R. P.: El sistema fiscal colombiano ha evolucionado de forma extraordinaria en las últimas décadas. Una gran parte de las modificaciones que ha sufrido se ha realizado para sintonizarlo con lo que ocurre en otros países y, en términos generales, para crear un sistema tributario más consistente con los tipos de negocios que vemos en la actualidad. Esta intención, por supuesto, es valiosa, pero falta trabajar en dos frentes muy importantes: en primer lugar, las constantes reformas tributarias mandan un claro mensaje de inseguridad jurídica para los inversionistas locales y extranjeros. En segundo lugar, cada una de ellas introduce elementos muy importantes y complejos, y la interacción entre ellos no siempre es clara ni sencilla.

Adrián Rodríguez Piedrahita

Es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y magíster en Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York (EE UU). Es socio de Brigard Urrutia, del equipo de impuestos, docente, conferencista y vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.