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“Proyectos de infraestructura, una política sin fin”

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Aunque no siempre sea reconocida, la gestión inmobiliaria es uno de los aspectos más importantes para que jurídicamente sea posible disponer de las áreas o predios requeridos para la iniciación de proyectos de infraestructura. Así lo explica el abogado e investigador académico Camilo Daniel Arango Castro, en su libro Gestión inmobiliaria en los proyectos de infraestructura. Enfoque al sector minero y petrolero.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentan al momento de ejecutar actividades de utilidad pública e interés general en proyectos de infraestructura sobre terrenos baldíos?

 

Camilo Daniel Arango Castro: Las dificultades siempre han sido tanto de hecho como de derecho. Las de hecho, tal vez las más complejas, derivadas de los asentamientos y explotaciones comerciales ilegales en predios rurales que siempre han sido propiedad exclusiva del Estado (bienes baldíos), lo que le impide a este último desarrollar una adecuada política y planeación territorial para su uso y destinación. Ello, empezando porque, a hoy, el Estado no conoce el 100 % de sus baldíos, y cuando llega a ellos, ya es muy tarde, por lo cual debe reaccionar con premura para su legalización y recuperación.

 

En relación con las dificultades de derecho, lo de siempre es la falta de claridad dentro del actual exceso normativo, así como mezcladas atribuciones y competencias a entidades descentralizadas por servicios y territoriales que generan confusión.

 

La Ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, no resiste más modificaciones; el Decreto 902 del 2017, que adoptó medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final, se quedó corto, y la Agencia Nacional de Tierras ha hecho grandes esfuerzos, pero no suficientes.

 

Á. J.: ¿En qué consiste la gestión inmobiliaria dentro de estas iniciativas?

 

C. D. A. C.:  Por gestión predial se entienden todas aquellas acciones destinadas a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de las actividades, principales o accesorias, comprendidas dentro del objeto de los proyectos de infraestructura.

 

Entre ellas, está el acercamiento y el diálogo con los propietarios, poseedores u ocupantes de los predios por intervenir; la negociación de las indemnizaciones y, en última instancia, la iniciación de los procesos judiciales o administrativos que permitan garantizar un justo y adecuado reconocimiento económico, adquisición del área o constitución de la servidumbre. Además, se necesita con urgencia una legislación unificada para estas actividades y aplicada a cualquier clase de proyecto.   

 

Á. J.: En ese sentido, ¿cuál es la importancia de un adecuado manejo de los convenios y los contratos estatales?

 

C. D. A. C.: El negocio jurídico celebrado entre el Estado y sus contratistas debe materializarse en un nuevo contrato que realmente entienda y comprenda la necesidad de cada proyecto, asegurando su ejecución, riesgos y responsabilidades de manera preventiva, y no concentrando el clausulado exclusivamente en las reactivas. Por su parte, aun cuando los convenios siguen huérfanos de una verdadera legislación, toda vez que el Decreto 902 se quedó corto y la Ley 489 de 1998 algo aporta, siguen siendo un instrumento jurídico que permite a terceros actores intervenir y contribuir con la adecuada ejecución e impacto de los proyectos de infraestructura a nivel social, económico y cultural.  

 

Á. J.: ¿Qué influencia e importancia tiene la función del entorno?

 

C. D. A. C.: La gestión social, ambiental y predial son la base fundamental de los proyectos, pues del entorno depende no solo su ejecución, sino también la sostenibilidad de su impacto y estabilidad en el tiempo con las comunidades involucradas y el medioambiente.  

 

Á. J.: ¿Qué esperar de la futura reforma de la contratación estatal aplicada a estos proyectos?

 

C. D. A. C.: Se espera un avance hacia la apertura comercial; dinámica y agilidad en los negocios y procesos de contratación; aseguramientos preventivos y no tanto reactivos para la ejecución de los proyectos y que, por fin, los convenios sean incluidos y regulados de manera integral, empezando por su definición.

 

 

Camilo Daniel Arango Castro

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad Javeriana, magíster en Comercio Internacional (MCI) del Centro Universitario de Villanueva (España), candidato a Magister of Science in Business Administration (MBA) de la Universidad de Liverpool (Inglaterra).

 

Cargos desempeñados: fue asesor legal en proyectos de infraestructura de entidades públicas y privadas nacionales y territoriales, abogado de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol y catedrático de pregrado y posgrado.

 

Ocupación actual: socio y representante legal de la firma de abogados Arango & Consultores Asociados SAS.

 

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