“El Derecho colombiano sigue rezagado frente a la tecnología”

 

A pesar de que desde hace muchos años se habla de la necesidad de que los profesionales del Derecho incursionen en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), aún faltan abogados especializados en dichas materias, capaces de afrontar acertadamente los desafíos que estas imponen.

 

Ese es uno de los diagnósticos que hace el abogado Camilo Andrés Vergara, socio fundador de la firma Security Legal Bit SAS, especializada en Derecho y tecnologías.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿El Derecho colombiano se ha preparado lo suficiente para incorporar los avances tecnológicos en su legislación?

 

Camilo Andrés Vergara: Si bien en los últimos años ha habido una producción normativa importante que regula algunos asuntos en materia de nuevas tecnologías en Colombia, esta no ha sido la mejor ni tampoco suficiente. Lo anterior, considero que se debe a la falta de profesionales especializados en estas nuevas materias que diseñen o apoyen la elaboración de normas, ya que, para poder generar disposiciones de calidad, se requiere conocer y entender, primero, cómo funciona la tecnología para luego sí aplicar el Derecho sobre ella. Los avances en Colombia provienen de la incorporación de normas o estándares internacionales o leyes modelo al ordenamiento jurídico interno. Creo que aún hace falta mucho desarrollo y preparación que le permita al Derecho colombiano evolucionar de manera coherente con los avances tecnológicos actuales y futuros. Ese será un reto para nosotros.       

 

Á. J.: ¿Está el país en línea con otras naciones frente a este tema?

 

C. A. V.: Es preciso señalar que debido al impacto que generan las nuevas tecnologías, estas se deben regular de manera armónica y coordinada con otros países y no de manera independiente o aislada, lo cual conlleva a que este análisis se haga no por país, sino por regiones, ya que la tendencia en materia legislativa de las nuevas tecnologías apunta a la unificación regional o mundial de normativa y al creación de organismos regionales o mundiales de protección.

 

Así las cosas, se podría afirmar que Colombia se encuentra alineada con un número importante de países que han adoptado normas significativas que permiten el uso de nuevas tecnologías por hacer parte de organismos o asociaciones internacionales que promulgan y trabajan en la creación de disposiciones para estos fines. Sin embargo, a nivel interno, Colombia aún persiste en proteger y preservar modelos de negocios tradicionales y obsoletos que limitan desde el punto de vista legislativo a la innovación e incorporación de nuevos modelos de negocios y oportunidades de desarrollo económico y sociocultural, lo cual nos alinea a países inmaduros y poco avanzados en materia de legislación frente a nuevas tecnologías.      

 

Á. J.: Entonces, ¿en el país no hay un crecimiento exponencial de abogados que opten por estudiar nuevas tecnologías?

 

C. A. V.: Definitivamente no. Creo que si en Colombia existe un crecimiento de abogados que opten por estudiar estas nuevas materias, este debe ser mínimo y no exponencial, ya que el número de profesionales especializados en derecho y nuevas tecnologías visibles en el mercado colombiano no supera las dos cifras. Esto sumado a que en Colombia si bien llegaron a existir dos facultades que ofertaran estudios en derecho y nuevas tecnologías, hoy solo una sigue con este programa. También es muestra de que no hay mercado para ofrecer este tipo de programas, lo cual indica que los abogados siguen eligiendo estudiar temas tradicionales.   

 

Á. J.: ¿Ha evolucionado correctamente el país en materia de protección de datos personales?

 

C. A. V.: Si bien desde el año 2012 existe en Colombia una ley que protege y regula el uso o tratamiento de datos personales y se designó como órgano de control de este derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio, en su Delegatura de Protección de Datos Personales, la cual ha impuesto sanciones a algunas empresas por el incumplimiento de esta ley, la evolución de este derecho todavía es incipiente, ya que falta conocimiento por parte de los titulares de datos personales sobre los derechos que les fueron reconocidos por dicha norma, lo cual provoca que no se generen peticiones de vigilancia y control hacia entidades no solo privadas, sino públicas.

 

Al parecer, la evolución del derecho de protección de datos personales y el cumplimiento de los deberes establecidos por la ley en Colombia solo tuvo alcance en el simple y repetitivo diseño y publicación de políticas de tratamiento de protección de datos personales y avisos de privacidad. Situación que no comparto y, mucho menos, ahora con la masificación del IoT (internet of things) y demás tecnologías emergentes.   

 

Á. J.: ¿Cómo los abogados deben asegurar o proteger la información de sus clientes?

 

C. A. V.: La protección y aseguramiento de la información de los clientes por parte de los abogados, sean estos independientes o que hagan parte de algún despacho, se debe centrar en tres perspectivas: jurídica, técnica y organizacional. Esto quiere decir que no basta con tener en cuenta solo las normas sobre el secreto profesional, la protección de datos personales, cláusulas de confidencialidad o cualquier otro instrumento jurídico que asegure el buen uso de la información, sino que se debe hacer un esfuerzo que permita garantizar, desde el punto de vista técnico, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que suministren los clientes. Por último, es necesario el desarrollo de políticas de manejo de la información dentro y fuera del despacho, así como la realización de capacitaciones y programas de sensibilización y actualización. 

 

Camilo Andrés Vergara Cárdenas

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid (España).

 

Cargos desempeñados: coordinador del Proyecto Innpulsa, consultor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Avantel, Certicámara, Confecámaras, Fogafín y del Fondo Nacional de Garantías, entre otras.

 

Ocupación actual: docente universitario en temas de Derecho Informático, Legislación en TIC y comercio electrónico y socio fundador de la firma Security Legal Bit SAS.