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“Hay que flexibilizar el régimen jurídico de los servicios públicos”

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“Hay que flexibilizar el régimen jurídico de los servicios públicos” (Archivo particular)

Determinar cuál es el modelo jurídico ideal para la prestación de los servicios públicos domiciliarios es uno de los retos más importantes del Derecho actual. En el caso colombiano, existe una regulación enmarcada en la Constitución Política de 1991, que plantea un sistema descentralizado. Desde la perspectiva de la abogada Jenny Lindo, se debe entablar un nuevo diálogo sobre la necesidad de actualizar el esquema legal actual.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué plantea la legislación colombiana en materia de servicios públicos?

 

Jenny Lindo Díaz: Actualmente, se encuentran vigentes 60 fuentes legales. Ello evidencia, desde el punto de vista jurídico, que Colombia cuenta con gran acervo normativo encaminado a garantizar la efectividad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

 

Sin embargo, pese al gran número de normas vigentes, algunos aspectos esenciales no fueron definidos por el legislador. Creo que el tema va más allá de las leyes, ya que es ideal contemplar un escenario donde la administración pueda dar parámetros de conducta en materia de servicios públicos domiciliarios, atendiendo las necesidades y desafíos en cada una de las regiones donde estos se prestan, sin la atadura de tener que expedir una ley o un decreto reglamentario para poder solventar los nuevos desafíos.

 

Á. J.: ¿La cobertura actual de los servicios públicos en Colombia es integral? 

 

J. L. D.: En el país no tenemos cobertura del 100 % y la brecha entre el sector urbano y el rural es muy grande. Analizando el índice de cobertura de alcantarillado, se evidenció que en el sector urbano tan solo el 41 % de los municipios tienen cobertura del 100 %, escenario que empeora en el sector rural, en donde el 18 % de los municipios reportan cobertura del 0 %. Por solo mencionar otro caso, en el gas natural únicamente el 39 % de los municipios reportan tener índice de cobertura entre más del 75 % y menos del 100 %.

 

Hay 20 zonas que fueron censadas en el pasado y que no son ni departamentos ni municipios y han estado por más de 25 años en un proceso de transición frente al cual no es posible determinar el grado de prestación efectiva de servicios públicos domiciliarios. Estas zonas hacen parte de regiones históricamente olvidadas, como lo son Amazonas, Guainía y Vaupés.

 

Á. J.: ¿Hay que revisar a fondo el esquema de prestación vigente?

 

J. L. D.: Cada vez es más relevante el conocimiento respecto a los servicios públicos. El Gobierno Nacional, los gobernadores y los alcaldes viven a diario con grandes desafíos sobre la calidad y la pertinencia de los servicios públicos a sus ciudadanos. 

 

El modo de prestación de los servicios públicos domiciliarios tuvo una evolución conforme se transformó el papel del Estado en la economía. Por esa razón, la prestación varió sustancialmente en los Estados intervencionistas y centralistas con respecto a los de libre mercado y descentralizados. 

 

En mi opinión, se requiere flexibilizar el régimen jurídico de los mismos. Este tema debe ser regulado teniendo en cuenta varias ciencias y no solo el Derecho. Por ello, la regulación de algunos aspectos mediante instrumentos normativos diferentes a las leyes es algo esencial y que debe ser parte del cambio en la concepción de los servicios públicos domiciliarios. 

 

Á. J.: ¿Cuáles son los principales desafíos del modelo actual de los servicios públicos domiciliarios en Colombia? 

 

J. L. D.: En donde hay mejores índices de cobertura, existe mayor diversidad de prestadores. Esto nos da un indicio de que esta diversificación mejora ostensiblemente los índices de cobertura.

 

Así mismo, creo que la participación privada es fundamental para el desarrollo efectivo de los servicios públicos domiciliarios en el país. Concebir un modelo diverso donde se involucra el Estado, la empresa privada y los ciudadanos obedece a los nuevos conceptos de gobernanza pública y de new public service, en los cuales los ciudadanos participan masiva y activamente en la gestión de sus propias necesidades, las cuales, tradicionalmente, eran provistas por otros.

 

El Estado y la administración pública deben cumplir un papel de facilitadores de oportunidades o relaciones de colaboración, encaminadas a fortalecer el compromiso ciudadano, encontrando así los medios adecuados para satisfacer las necesidades de la sociedad y del propio Estado. Es una correspondencia recíproca que traspasa la visión clásica de la relación Estado-ciudadano.

 

Recuadro:

 

Jenny Lindo Díaz

 

Estudios realizados: es abogada y magistra en Derecho Administrativo de la Universidad Libre y becaria de la Universidad de Harvard (Escuela de Negocios en asocio con la Escuela Jhon Kennedy) 

 

Cargos desempeñados: ha sido observadora en misiones electorales en la Organización de Estados Americanos en EE UU y formó parte de Secretaría Distrital de Ambiente, de la Contraloría General de la República, de la Escuela Superior de Administración Pública, de la Organización Internacional del Trabajo, del Instituto de Seguridad Jurídica y de la revista Semana. También ha sido docente y conferencista.

 

Ocupación actual: Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

 

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