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26 de Mayo de 2024 /
Actualizado hace 1 día | ISSN: 2805-6396

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Hay que reformar el marco normativo del asilo

21 de Febrero de 2020

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Gracy Pelacani, profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, docente de la Clínica Jurídica para Migrantes y miembro del Centro de Estudios en Migración de esa institución, resalta que existen varios aspectos del actual sistema de asilo que impiden que sea más eficaz.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Podría explicar qué le preocupa del sistema de asilo?

 

Gracy Pelacani:  Hay dos temas preocupantes. El primero es la ausencia de un término dentro del cual la autoridad competente tiene que responder a la solicitud de asilo. Esto significa que la persona desconoce la duración del procedimiento y el momento en el que recibirá una respuesta. El segundo aspecto, estrictamente conexo con el primero, es que el salvoconducto que se le entrega al solicitante, cuando su petición es admitida, no permite la realización de una actividad laboral.

 

Estos dos aspectos, entre otros, hacen que la vía del refugio, en muchos casos, no sea la más conveniente, a pesar de que la persona llegue a territorio colombiano con la necesidad de recibir protección internacional.

 

Finalmente, un tercer aspecto que merece ser mencionado es el llamado hecho, tanto por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados como por varias organizaciones de la sociedad civil, a aplicar a los nacionales venezolanos que solicitan asilo en la región la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984.

 

Á.  J.: Ante el fenómeno migratorio venezolano, ¿qué desafíos enfrenta la región en materia regulatoria y de políticas públicas?

 

G. P.: Entre los muchos desafíos a los que se enfrenta la región ante la migración desde Venezuela resaltaría dos, en especial. El primero tiene que ver con los interrogantes que surgen sobre la real eficacia de los mecanismos de coordinación regional que se han adelantado, a partir de la voluntad de dar una respuesta conjunta al fenómeno, tales como el Proceso de Quito o el Grupo de Lima. Suponiendo que una coordinación regional sea deseable, cabe interrogarse sobre la capacidad de llegar a la creación de mecanismos eficaces. Preguntas que parecen surgir espontáneamente frente a las medidas adoptadas por algunos Estados vecinos, como la introducción de visas ad hoc para los nacionales venezolanos o la creación de equipos especiales que se dediquen a investigar los actos delictivos que involucren a ciudadanos extranjeros, como en el caso reciente del Perú. Otro desafío importante al que se enfrenta la región en su conjunto es el saber aprovechar los recursos de la cooperación internacional para construir capacidades a nivel local y nacional, con el fin de mejorar la respuesta a la migración desde Venezuela, en particular.

 

Esta reflexión parece ser de las más urgentes, de cara al rol que están cumpliendo las agencias de cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil frente a la imposibilidad por parte de las autoridades, en algunos casos, de hacer frente a las necesidades de la población migrante. El temor, y de ahí el desafío, es que desaprovechar esta oportunidad implicaría dejar a los migrantes en una condición de vulnerabilidad aún más extrema cuando la migración desde Venezuela deje de tener una posición privilegiada y prioritaria en la agenda de la cooperación internacional. 

 

Á. J.: Colombia decidió otorgar la nacionalidad a los hijos de nacionales venezolanos. ¿Cree que es efectiva esta medida de ayuda a la población migrante?

 

G. P.: La decisión del Estado colombiano responde a la situación de apatridia o riesgo de apatridia en la que, por las circunstancias actuales, se encuentran estos menores.

 

Sin embargo, y sin desconocer el esfuerzo hecho por parte de las autoridades, las medidas presentan varios aspectos problemáticos, tales como su vigencia temporal limitada; la falta de protección de la unidad familiar, sobre todo en los casos en que los padres se encuentran irregularmente presentes en el territorio, y, finalmente, se ignora la situación similar en la que podrían encontrarse ciudadanos de otras nacionalidades, dado que las medidas se refieren únicamente a los venezolanos.

 

En definitiva, se trata de una medida con un breve plazo y un alcance limitado, lo que demuestra que sigue faltando una reflexión de largo aliento relacionada con el tema de la apatridia en el Estado colombiano.

 

Gracy Pelacani

 

Estudios realizados: Laurea in Giurisprudenza y Doctorado en Estudios Jurídicos Comparados y Europeos de la Universitá degli Studi di Trento (Italia).

 

Cargos desempeñados: profesora de cátedra en la Universitá degli Studi di Trento (Italia) y en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), asistente posdoctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

 

Cargo actual: profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

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