“Gestión es la palabra mágica para el próximo Fiscal General”

 

El ejercicio del litigio penal en EE UU le ha permitido al abogado Fabio Humar Jaramillo acumular una experiencia que, a diario, pone en práctica en el sistema penal acusatorio colombiano.

 

Además de su trabajo como litigante, Humar es un reconocido analista de los diversos problemas que enfrenta la justicia en Colombia. En su concepto, es posible descriminalizar la violencia intrafamiliar, pues conductas como esas no han mejorado, en nada, los indicadores de violencia.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles cree que son los principales retos que enfrentará el próximo Fiscal General de la Nación?

 

Fabio Humar Jaramillo: Además de recuperar la credibilidad y majestad de la institución, el próximo Fiscal General debe dedicarse a la gestión. De nada sirven las grandes teorías jurídicas cuando no hay elementos de trabajo, ni suficientes funcionarios. Gestión es la palabra mágica para los próximos cuatro años.

 

Á. J.: ¿El país está preparado para la justicia del posconflicto?

 

F. H. J.: No. Un proceso penal, de mediana envergadura, se toma entre 3 y 5 años. Ya se empiezan a ver prescripciones, algo impensable hace unos años. Eso es, precisamente, producto de la incapacidad de administrar justicia. Ahora imagínese con más de 15.000 desmovilizados y más de 100.000 hechos de carácter delictuosos por investigar.

 

Á. J.: Recientemente, un candidato a la Fiscalía General propuso descriminalizar la violencia intrafamiliar. ¿Comparte esa posición?

 

F. H. J.: Sí. La criminalización de esas conductas no ha mejorado, en nada, los indicadores de violencia. Hay que ser ingeniosos y buscar otras maneras de castigar esos fenómenos.

 

Á. J.: ¿Cree que el denominado “populismo punitivo” llevó a criminalizar muchas conductas que podrían ser manejadas de una forma diferente a la penal?

 

F. H. J.: ¡Sin duda alguna! Ante la falta de efectividad y la poca credibilidad de otras jurisdicciones, se acudió a la penal como una posible solución a todos los conflictos de la sociedad. Nada más equivocado. Hay que volver a retomar los senderos de la calma, de la prudencia, de la ultima ratio.

 

Á. J.: ¿Es posible “enderezar” el camino del sistema penal acusatorio? ¿De qué forma?

 

F. H. J.: Sí, es posible, pero no es tarea sencilla. El sistema que se introdujo fue bueno; sin embargo, algunas decisiones de las cortes, así como varias leyes, en especial el Estatuto de Seguridad Ciudadana, han disparado cargas de profundidad en contra del funcionamiento mismo de este esquema. El sistema penal acusatorio llegó para quedarse, así que es mejor emprender la tarea de hacerlo viable, en vez de extrañar los sistemas de antaño.

 

Á. J.: De su experiencia en el ejercicio del litigio penal en EE UU, ¿qué puede aprender Colombia?

 

F. H. J.: En Colombia, la venganza aún es un sentimiento muy fuerte que inunda el sistema judicial, en especial, el penal. Eso hay que abandonarlo, para que sea el Derecho, entendido como juridicidad, el que dirima los conflictos. Somos una sociedad que sigue viendo el aparato judicial como herramienta de venganza. Si bien es un paso adelante en la evolución de una sociedad, se debe dejar de lado esa característica y dejar que el fiscal y el juez entren en acción cuando realmente hay mérito.

 

Á. J.: A partir de su experiencia en Derecho Bursátil y en Derecho Penal, ¿qué enseñanzas deja el caso Interbolsa?

 

F. H. J.: Que no estamos preparados para “macroprocesos”. Los ingentes esfuerzos que hemos hecho algunas de las partes e intervinientes quedan cortos al ver la incapacidad de respuesta del aparato estatal. Aún no estamos preparados para este tipo de criminalidad. Falta capacitación, pero ante todo infraestructura, entendida como medios suficientes, para acometer este tipo de procesos.

 

 

Fabio Humar Jaramillo

 

Estudios realizados: abogado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana. También es especialista en Derecho Penal con énfasis en Derecho Bursátil.

 

Cargos desempeñados: becario del Departamento de Estado y Partners of The Americas, para laborar en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Boston (EE UU). Certificado por el Estado de Massachusetts como abogado vinculado a la Fiscalía de Boston. Fiscal en Colombia por más de cinco años en varias unidades de esta institución.

 

Ocupación actual: abogado penalista bilingüe, con experiencia en el litigio de EE UU.