“Chocó necesita un cambio en el modelo de justicia”

 

Aunque nació en Puerto Tejada (Cauca) y vivió muchos años en Bogotá, la abogada Shara Eva Córdoba ha desarrollado su trayectoria laboral en el departamento del Chocó. Allí, ha desempeñado un sinnúmero de cargos en la Rama Judicial, especialmente como juez en distintas áreas y especialidades.

 

En diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura, previa postulación de la Corte Suprema de Justicia, le impuso la condecoración al mérito judicial en la categoría plata, en representación de los funcionarios de la jurisdicción ordinaria. 

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son las principales necesidades de justicia en la región?

 

Shara Eva Córdoba: Nuestro departamento no ha sido ajeno a la crisis social, cultural, económica y política que ha venido afectando al país con fenómenos como la impunidad; el alto índice de criminalidad; el aumento de delitos en contra de los niños, los adolescentes y las mujeres; la corrupción administrativa y el desprecio de valores como la vida, etc. Por ello, se requieren cambios estructurales desde la justicia, ya que la ciudadanía en esas condiciones no tiene la mejor percepción de lo que ocurre a su alrededor desde la óptica judicial. 

 

Á. J.: Específicamente, ¿qué se requiere?

 

S. E. C.: Para que ocurra un cambio en cuanto al modelo de justicia, se requiere dotar al órgano judicial de herramientas que posibiliten una administración de justicia más pronta y eficiente; el incremento de despachos judiciales para brindar una atención más oportuna al creciente número de demandas de los usuarios de justicia; unas dotaciones puntuales por cada jurisdicción; una infraestructura digna y unas comunicaciones que tengan en cuenta nuestras necesidades, etc. Y aun cuando desde el punto de vista material se demanda lo expuesto, los administradores de justicia en esta zona tratamos, en forma decorosa y con compromiso, de atender nuestras obligaciones con los destinatarios de la ley, quienes, al final, son nuestra razón de ser.

 

Á. J.: ¿El Derecho Penal ha sido apropiado para combatir la violencia en la región?

 

S. E. C.: Los problemas sociales del territorio chocoano se han agudizado desde hace algunos años. Antes, los conflictos sociales que teníamos que dirimir eran muy diferentes a los que enfrentamos en la actualidad.

 

Los jueces penales en esta zona, por la privilegiada ubicación geográfica del departamento, tenemos que resolver diversos problemas sociales de gran envergadura, como el desplazamiento forzado, el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, el tráfico de migrantes, etc. En ese contexto, no se puede desconocer que el Derecho Penal hace su parte en cuanto sirve para que los ciudadanos regulen su conducta. Y que el abandono sistemático del Chocó ha sido el ambiente propicio e idóneo para que grandes empresas criminales aparezcan ante el grupo familiar como la única opción laboral que tienen sus miembros.

 

Por tanto, se espera que se realice un mayor esfuerzo por parte del Ejecutivo para que se tome conciencia que la mayor parte de las necesidades sociales de un pueblo debe proveerla un Estado que se considera social, sin que se pueda obviar que el Derecho Penal hace la otra como garante de la legalidad de las actuaciones de los ciudadanos.

 

Á. J.: ¿Cómo le ha parecido la aplicación del sistema acusatorio en esta zona del país?

 

S. E. C.: La Ley 906 del 2004 trajo consigo una serie de retos y dudas que con el  transcurrir del tiempo se fueron dilucidando. Con las distintas modificaciones introducidas con posterioridad al pronunciamiento de la normal procesal penal, se realizaron algunos ajustes a la cotidianidad que nos tocaba enfrentar, porque las distancias y las pocas vías de acceso existente entre los municipios y la circunstancia especial que en todos ellos no existe una Unidad de Fiscalía dificultaba un poco cumplir, sobre todo, con la línea de tiempo que debe existir para la toma de decisiones, especialmente para los jueces de control de garantías.

 

Ya han transcurrido más de siete años desde que nos correspondió iniciar este sistema, ahora el reto que se nos impone es el juzgamiento en el posconflicto, teniendo en cuenta que todo el Chocó hará parte importante de los posibles acuerdos de paz que se lleven a cabo en La Habana.

 

Á. J.: ¿El sistema de responsabilidad penal para adolescentes funciona en el Chocó?

 

S. E. C.: En esta parte del país está totalmente probado que las necesidades sociales y las pocas o nulas oportunidades de nuestros adolescentes los incitan a violar la ley penal. Es increíble que sean los propios progenitores de estos sujetos de especial protección los que reclaman como única solución de vida que se les procese penalmente y, más aún, que demanden la medida más gravosa de esa codificación, es decir, la privación de libertad, dado que esa es la única forma que les garantiza, al menos temporalmente, derechos como la salud, educación, vivienda, vestuario y demás.

 

En esta región está justificado el sistema, porque la represión criminal en contra de los jóvenes infractores no puede endurecerse como lo reclama la mayor parte de la sociedad. Muchas veces, nuestros muchachos, desde el vientre de su madre adolescente, generalmente, no tienen ninguna expectativa de llevar una vida en condiciones dignas. Así, cómo pedirles que se comporten de otra forma, si el Estado les ha dado la espalda.

 

Á. J.: ¿Qué representa para usted la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial?

 

S. E. C.: Con esta condecoración se realizó una justa exaltación a la labor que he desempeñado por más de 19 años dentro de la Rama Judicial en el Chocó, y, a la vez, es un reconocimiento para todo este distrito judicial, incluidos magistrados, jueces, fiscales, empleados,  mi equipo de colaboradores, mis estudiantes y mis amigos, ya que, de una u otra forma, han contribuido en mi formación profesional, laboral y personal. 

Bienvenida sea la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia, al estimular a quienes desde regiones tan olvidadas y estigmatizadas como la nuestra, con esfuerzo y honestidad, cumplimos nuestras funciones y aportamos día a día al crecimiento del ejercicio de la función jurisdiccional.

 

Finalmente, quiero expresar un especial agradecimiento a Dios por esta bendición y a mis familiares, a quienes siempre he sacrificado para cumplir a cabalidad con la misión de administrar justicia.

 

 

Shara Eva Córdoba Aponzá

 

Estudios realizados: es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia y especialista en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública y en Derecho Procesal Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia.

 

Cargos desempeñados: Jueza Primera Penal Municipal de Quibdó, Jueza Especializada de Quibdó, Jueza Penal del Circuito de Istmina, Jueza Civil y Laboral del Circuito de Istmina y magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, entre otros.

 

Ocupación actual: Jueza Primera Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Quibdó (Chocó) y docente de la Universidad Tecnológica del Chocó.