“La pensión familiar es un fiasco y una burla”

 

Desde la Fundación Defensa Ciudadana, el abogado Oscar Iván Palacio Tamayo estudia desde hace varios años el Sistema de Seguridad Social en Colombia, con especial énfasis en los asuntos pensionales. Desde allí, permanentemente presenta propuestas que buscan, en su criterio, mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en el país.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué resultados ha tenido la pensión familiar?

 

Oscar Iván Palacio Tamayo: Un fiasco y una burla. La Ley 1580 del 2012 se logró después de un recorrido legislativo de 11 años y su finalidad era posibilitar la pensión a los más pobres (Sisbén 1 y 2), que por razones de la informalidad y de desempleo no cumplieron las semanas de cotización para la pensión de vejez. El propósito de esta norma es que se sumen las semanas de esposos o compañeros y obtener una pensión de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para ambos. Las estadísticas muestran que, probablemente, podrían beneficiarse de esta pensión 400.000 personas, es decir, 200.000 familias. Hoy, solo han sido aprobadas 175 pensiones familiares, es decir, menos de una milésima de la propuesta, es un desatino una ley que beneficia a tan pocas personas.

 

Á. J.: ¿Cuál cree que es la principal talanquera?

 

O. I. P. T.:  El artículo 21 de la citada ley es un “palo en la rueda” para el propósito de la norma, porque exige que la pareja beneficiaria individualmente haya cotizado el 25 %, equivalente a 325 semanas antes de los 45 años, y la realidad, especialmente en las mujeres, es que no las tengan, debido a la informalidad y exclusión laboral. Es urgente eliminar ese artículo, para que la pensión familiar sea un mecanismo eficaz y aumentar la cobertura pensional. 

 

Á. J.: ¿En qué consiste la pensión asistencial que usted propone?

 

O. I. P. T.: Va dirigida a los adultos mayores de 70 años de Sisbén 1 y 2, que no tengan ningún ingreso o patrimonio alguno, para que se les dé una pensión, previa modificación constitucional, que pueda ser inferior a un SMLMV, acorde con las semanas que hubieran cotizado o servido al Estado e, inclusive, para las personas que nunca hubieren cotizado, en un rango entre el 30 % y el 80 % de un SMLMV.

 

No obstante, las personas beneficiarias de la pensión asistencial no podrían recibir otro subsidio del Estado y, para su financiación, pueden concurrir la Nación y las entidades territoriales con los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y de regalías. Y, además, se podría iniciar paulatinamente focalizado a las personas que están en la pobreza extrema, sector rural y discapacitados.

 

Hoy, el Estado entrega un subsidio de, aproximadamente, 60.000 pesos mensuales a más de un millón de ancianos, pero es casi como tirarles una limosna, toda vez que la pobreza extrema monetaria está en 114.692 pesos mensuales por persona.

 

Á. J.: Recientemente, la Ley 1821 del 2016 amplió la edad máxima de retiro forzoso para personas que desempeñan funciones públicas. ¿Qué opina de esta normativa?

 

O. I. P. T.: Durante más de 10 años, la Fundación Defensa Ciudadana luchó para lograr la aprobación de esa norma, incluso hemos sugerido los 72 años. En 1968, cuando se expidió la norma de retiro forzoso, la esperanza de vida era 60 años, hoy es de 76 años y si la violencia disminuye, se llegará a una expectativa de vida de 80 años.

 

Hoy, con el mejoramiento de las condiciones de salud y del avance de la ciencia, la calidad y plenitud de vida de un individuo mayor de 60 años le permitirá trabajar con toda su capacidad fisica y mental, además de la experiencia y sabiduría que dan los años. Seguir laborando al servicio del Estado también le posibilita a muchos servidores públicos que se consolide su derecho pensional, si no lo tienen, y contribuye a un ahorro pensional, porque mientras percibe salario, se aplaza el pago de la pensión.

 

Á. J.: ¿Qué modificaciones propone para la pensión de sobrevivientes?

 

O. I. P. T.: Debe haber más rigor para evitar que esto se llene de viudas y viudos jóvenes viviendo de las debilidades probatorias del sistema pensional y obligar a trabajar a los cónyuges o compañeros sobrevivientes menores de 40 años, a menos que sean inválidos, limitar esta pensión por un término temporal de 10 años y, además, que coticen para su pensión de vejez.

 

Á. J.: ¿Hay que empezar a evaluar seriamente la modificación de la edad y las semanas para adquirir la pensión de vejez?

 

O. I. P. T.:  No hay duda. No sé si será este Gobierno terminando o el próximo empezando, pero con la esperanza de vida en crecimiento y los enormes subsidios que el Estado les trasfiere a las pensiones con mesadas altas, es indispensable, para la sostenibilidad del sistema, el aumento de edad y las semanas en forma paulatina, tanto para hombres y mujeres, así como ponerles un tope a las pensiones de prima media en 10 SMLMV.

 

Todas estas medidas tan gravosas son necesarias y pueden ser una parte de la solución para superar el mayor defecto del sistema pensional colombiano, que es la exclusión del 75 % de personas en edad pensional que hoy tienen la incertidumbre de no tenerla, y va en aumento con la pésima expectativa que, dentro de 25 años de la actual fuerza laboral, solo alcanzará a pensionarse uno de 10 colombianos.

 

Á. J.: Periódicamente se habla de la denominada “bomba pensional”. ¿Cuál es la situación actual?

 

O. I. P. T.:  Este año, el Estado destinará 38 billones de pesos, que equivalen al 17 % de la población, para el pago de los dos millones de pensionados del régimen de prima media (RPM). Este altísimo costo, que priva a otros sectores de la población, seguirá en aumento, pero, en los próximos 15 años, no hay sobresaltos de la denominada hecatombe pensional, por algo lógico. El actual sistema está diseñado de tal manera que su sostenibilidad financiera no está amenazada, tristemente debido a la exclusión de millares de personas que no se van a pensionar. Es un gasto público focalizado a un alto costo.

 

Quién lo creyera, el RPM es sólido y seguro financieramente, porque está basado en la exclusión de millones de personas, que no tiene ni tendrán pensión.

 

Si usted es pensionado o está próximo a pensionarse, puede tener la tranquilidad de que su prestación económica está garantizada, gracias a que el sistema pensional colombiano es robusto y seguro financieramente. Paradójicamente, la garantía de los pocos pensionados en Colombia está planificada sobre la base de la inequidad de millones de adultos sin pensión.

 

En cuanto al régimen de ahorro individual, que, de alguna manera, hoy tiene 70 millones de dólares de los colombianos y ha sido un dinamizador de la economía y ampliando la cobertura, hay que esperar la primera gran oleada de los millones de colombianos que se pensionaran con ellos y que, de pronto, no dé una sorpresa la garantía de pensión mínima que sería un grave desequilibrio para hacer finanzas públicas. 

 

Á. J.: ¿En algún momento serán impagables las pensiones en el país?

 

O. I. P. T.: Si no ocurren catástrofes económicas, el escenario de un crecimiento sostenido, además de los correctivos a las inequitativas formas de subsidiar a los que más tienen en el sistema pensional, no hay que temer, porque no olvidemos que en toda sociedad humana siempre hay un ahorro intergeneracional y a ese hay que apostarle.

 

Á. J.: ¿Qué otras propuestas hay que hacer para desactivar la bomba pensional en Colombia?

 

O. I. P. T.: Castigar como infracción policiva con toda severidad la omisión en la afiliación, la evasión y elusión de los aportes.

 

- Limitar la pensión a 10 SMLMV.

 

- Gravar las pensiones altas y destinar esto al fondo de solidaridad pensional.

 

- Suscribir convenios internacionales de reciprocidad de seguridad social en pensiones, iniciando con los países que se tiene tratados internacionales y países vecinos, para que los tiempos trabajados por los colombianos en el exterior financien la pensión con Colombia o en el país residente.

 

El desafío que tiene el sistema pensional colombiano es la cobertura, las pensiones especialmente la familiar, la asistencial u otras son un mecanismo retributivo legitimo al ahorro de la sociedad y de las familias, para superar la inequidad social y pobreza extrema, garantizando los derechos humanos de la tercera edad, los huérfanos y los inválidos, que debe ir acompañado de una cultura sobre la problemática de la seguridad social y el envejecimiento de la cual adolecemos.

 

Oscar Iván Palacio Tamayo:

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad Católica, con estudios en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia.

 

Cargos desempeñados: durante los últimos 20 años, se ha dedicado a estudiar e investigar sobre el Sistema de Seguridad Social en Colombia, especialmente el tema pensional. Como dirigente social, ha creado y participa activamente en diversas organizaciones no gubernamentales.

 

Ocupación actual: presidente de la Fundación Defensa Ciudadana, que busca defender los derechos de los pensionados.