William Guillermo Jiménez: “El escepticismo sobre la CAN no despierta un mayor interés académico”

 

 

 

 

La consolidación de un ordenamiento jurídico internacional es posible gracias a la cesión de la producción normativa que, en determinados casos, hacen los Estados. En este contexto, cobra relevancia la integración regional a través de reglas comunitarias, a lo que se suma la creciente importancia del Derecho Constitucional.

 

Estos son algunos de los temas que han ocupado la labor investigativa del abogado William Guillermo Jiménez Benítez, quien ha defendido el papel de la jurisprudencia internacional en el ordenamiento interno.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo se manifiesta la desmonopolización de la producción jurídica en el contexto colombiano?

 

William Guillermo Jiménez: El Estado pierde el monopolio en la producción, regulación y aplicación del Derecho, al ceder o perder parte de su soberanía en el contexto de un mundo globalizado. Colombia ha tomado parte en la firma de tratados que crean organizaciones de alcance mundial, continental, regional o temático, así como en procesos asociados con organizaciones privadas o no estatales, como la Cámara de Comercio Internacional o el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. También pueden citarse las actividades surgidas del entorno online o del internet sin fronteras territoriales claras. Finalmente, la globalización implica relocalización, y allí emergen otros órdenes de regulación jurídica en el Estado, como el derecho de pueblos indígenas y las autonomías regionales.

 

Á. J.: ¿En Colombia hay suficiente formación académica sobre el Sistema Andino de Integración?

 

W. G. J.: Creo que no. Por un lado, el escepticismo sobre el funcionamiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) no despierta un mayor interés académico; por otro lado, el desconocimiento del derecho comunitario produce escasas cátedras en las universidades. En tal sentido, la CAN emitió una decisión para obligar una cátedra sobre integración andina, pero no se ha cumplido porque los países miembros no han expedido las normas que le den alcance.

 

Á. J.: ¿Se constitucionaliza el Derecho Privado o se está privatizando el Derecho Público?

 

W. G. J.: La constitucionalización del Derecho, como respuesta jurídica a demandas políticas, económicas, sociales y culturales de las sociedades contemporáneas, está en marcha en todas las ramas jurídicas, y esto ha causado malestar o incomprensión en algunos sectores que tienen una visión más tradicional. Ahora bien, en el caso del Derecho Administrativo, hay una tendencia a la flexibilización e incorporación de criterios del Derecho Privado, pues de lo que se trata es de agilizar y adecuar la prestación de bienes y servicios públicos. Lo fundamental es que se mantengan los principios del servicio público, aunque los procedimientos puedan variar.

 

Á. J.: Usted plantea que el auge del Derecho Constitucional se debe a la desconfianza de los ciudadanos en el legislador y el Ejecutivo ¿Esto se refleja en el panorama electoral?

 

W. G. J.: Completamente. Una abstención electoral cercana al 60 % confirma la baja legitimidad de las instituciones políticas, en este caso, el Congreso de la República. La Constitución permite que los ciudadanos busquen protección y garantía de sus derechos en las cortes y los jueces, antes que en el Ejecutivo o el Legislativo. Estos últimos son percibidos como lejanos, inescrupulosos e insensibles.

 

Á. J.: ¿Cómo se concreta ese llamado al Derecho Constitucional?

 

W. G. J.: Las manifestaciones ciudadanas ante la Corte Constitucional y el mayor protagonismo de los jueces son dos ejemplos de esta situación en Colombia; sin embargo, la expansión de la corrupción y el agotamiento de las acciones constitucionales (tutela y acciones populares) pueden ser un serio obstáculo en este sentido.

 

 

William Guillermo Jiménez Benítez

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Realizó estudios postdoctorales en la Vrije Universiteit de Amsterdam. También es profesional en Ciencias Políticas y Administrativas de la Escuela Superior de Administración Pública, con especialización en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes.

 

Cargos desempeñados: profesor en las universidades Nacional, Católica, Libre, ESAP y el Instituto de Altos Estudios Europeos y Escuela Militar. Fue asesor del Senado de la República y de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

 

Ocupación actual: abogado litigante y docente de las universidades Libre, ESAP y La Gran Colombia.