Sandra Monroy Suárez: “Hay que mejorar normativa sobre infraestructura de telecomunicaciones”

Recientemente, la abogada Sandra Monroy Suárez fue reconocida por la publicación inglesa The Legal 500 como uno de los 100 corporate counsel más influyentes e innovadores de Latinoamérica.

Durante su ejercicio profesional, Monroy ha estado vinculada al sector de las telecomunicaciones, en temas de innovación y responsabilidad social empresarial (RSE). En su opinión, las compañías que tienen una política de respeto por los derechos humanos logran trabajadores comprometidos, lo cual impacta directamente en sus resultados.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo ha evolucionado la RSE en las grandes multinacionales?

 

Sandra Monroy Suárez: El concepto ha evolucionado continuamente, de un enfoque puramente filantrópico, en el que las empresas efectuaban donaciones para diferentes causas sociales sin mayor compromiso o seguimiento a dichas aportaciones, pasando por la RSE, que hace que las empresas no solamente cumplan con sus obligaciones legales y económicas, sino que tengan responsabilidades hacia y con la sociedad, y llegando a la era de la sustentabilidad, en la que, cada vez más, las multinacionales llevan a cabo sus negocios basados en una estrategia de desarrollo sostenible. En este, se tiene en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad que despliega hacia aquellos que pueden resultar afectados por ella (grupos de interés), así como la implementación de esquemas de gobierno corporativo. La sustentabilidad es un modelo de gestión que exige medir sus resultados.

 

Á. J.: Usted trabajó en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Desde la perspectiva que tiene ahora, ¿cómo evalúa el trabajo de esta entidad pública?

 

S. M. S.: La CRC es un organismo técnico referente a nivel internacional. Desde mi nueva perspectiva, considero que el sector de las telecomunicaciones está conformado, tanto por empresas prestadoras de los servicios como de usuarios que tienen necesidades de comunicación, por lo que la CRC debe propiciar un desarrollo integral de la regulación, que tenga en consideración ambos actores.

 

Igualmente, en la industria existe una necesidad de simplificar las cargas administrativas que tienen las empresas ante el regulador. De hecho, hay un proyecto regulatorio en curso relacionado con este punto.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los principales problemas del sector de la telefonía celular?

 

S. M. S.: Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector es la excesiva presión fiscal y la disparidad de normas relacionadas con el otorgamiento de permisos para instalación de infraestructura de telecomunicaciones, por parte de las autoridades locales. Tenemos un plan de ordenamiento territorial diferente en cada municipio.

 

En este último punto, la falta de definición de un procedimiento claro que permita la expedición de estos permisos con mayor celeridad ha afectado la penetración e incide negativamente en el despliegue requerido para la actualización y/o despliegue de la red o de elementos de red, necesarios para mejorar la calidad de la prestación de los servicios o lanzar nuevas tecnologías o servicios.

 

Así mismo, es necesario que se garantice un marco regulatorio y legal que brinde seguridad jurídica a las empresas del sector, para que se propicie un clima favorable a la inversión.

 

Á. J.: Casi cuatro años después de la expedición de la Ley 1341 del 2009, ¿cómo evalúa el impacto que ha tenido esta norma?

 

S. M. S.: Después del proceso de liberalización de las telecomunicaciones que se dio en Colombia en 1994, la Ley 1341 permitió dar un paso adelante, al determinar el marco legal de las nuevas tecnologías en un escenario de convergencia.

 

Esta ley le dio herramientas a la CRC para solucionar los temas relacionados con el bienestar de los usuarios y la definición de la regulación por mercados. Sin embargo, no dotó al regulador de las facultades necesarias para imponer sanciones frente al incumplimiento de las disposiciones que expide.

 

Si bien la Ley 1341 es un elemento importante desde el punto de vista de la regulación general, falta mayor desarrollo para poder adecuar la regulación a los principios rectores de la misma. 

 

Á. J.: ¿Cómo observa el crecimiento que ha tenido el sector de las telecomunicaciones en Colombia?

 

S. M. S.: En general, el crecimiento del sector es positivo y acelerado respecto de otros países. Estamos muy bien en términos de penetración de telefonía móvil, si miramos los promedios de Latinoamérica. Así mismo, contamos con buena conectividad a través de cable submarino, se está finalizando el despliegue de una de las redes de fibra óptica más modernas de Suramérica y la tendencia de la sustitución de la telefonía fija por la telefonía móvil ha tenido una disminución natural, más bien a la baja. De otra parte, el crecimiento en materia de acceso y penetración ha evolucionado rápidamente, en especial en los últimos cuatro años.

 

Este es uno de los sectores más productivos, de importante impacto en el PIB del país y que se ha convertido en pieza fundamental para el desarrollo de Colombia.

 

Hace 10 años, la industria representaba un poco más del 2 % del PIB, ahora esta llega casi al 6 %, cuyos ingresos han teniendo un crecimiento promedio cercano al 9,9 % anual, en la última década.

 

 

 

Sandra Monroy Suárez

 

Estudios realizados: abogada de la Universidad de los Andes, LLM con honores de Northwestern University de Chicago (EE UU), con estudios de sostenibilidad en la Universidad de Bath de Inglaterra.

 

Cargos desempeñados: Gerente Jurídica de TV Azteca, asesora jurídica senior de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Gerente de Asuntos Legales Corporativos Latinoamérica de la Organización Terpel S. A. y abogada asociada de Baker & Mckenzie.

 

Ocupación actual: Gerente de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresarial de Claro Colombia.