Ricardo Martínez Quintero: “Hay que darle a la educación un espacio como derecho fundamental”

 

En 1998, nació la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Pese a su joven vida académica, esta facultad pública del orden nacional ha recibido varios reconocimientos, por parte de la Cámara de Representantes, la Asamblea de Cundinamarca y el Concejo de Bogotá.

 

Desde hace ocho años, Ricardo Martínez Quintero es el decano. En su opinión, con una reforma integral a la educación superior pública se daría el paso definitivo a las conquistas logradas por quienes han satisfecho con la tutela el reconocimiento de sus derechos a la educación.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué clase de abogados está formando la facultad que usted encabeza?

 

Ricardo Martínez Quintero: Formamos íntegramente a nuestros estudiantes, con el ánimo de entregarle a la sociedad abogados con altas competencias en investigación y defensores de los derechos humanos, con indiscutible talante conciliador y con demostrada capacidad para la resolución de problemas socio jurídicos.

 

Con nuestro ejemplo, los docentes infundimos e inculcamos a los estudiantes el hábito por una cultura de la competencia leal y transparente. Paralelamente, nos honra poder decir que algunos orientadores no siguen en la facultad, por haber salido avantes en ese ejercicio, y ahora son magistrados en tribunales superiores de diferentes ciudades del país, como Riohacha, Cali, Tunja y Manizales.      

 

Á. J.: En su corta vida académica, ¿qué tipo de logros destaca?

 

R. M. Q.: Por parte de la Cámara de Representantes, de la Asamblea de Cundinamarca y del Concejo de Bogotá hemos recibido diversos reconocimientos por nuestras labores educativas. Así mismo, los egresados han dejado en alto el nombre de su facultad en la prueba Ecaes, ahora Saber Pro. Sus presentaciones han generado bondadosos comentarios en la comunidad académica. En ese orden, ratifico que las cosas van por buen camino.

 

En el ámbito internacional, profesores y estudiantes de la facultad han participado en certámenes académicos en México, Argentina, Chile y Cuba, entre otros países.

 

Y en cuanto a los semilleros de investigación, hemos obtenido sendos triunfos a nivel regional y nacional en varios concursos. Uno de los próximos proyectos es ampliar la cobertura de acción en este tema en particular.

 

Á. J.: ¿Cuáles cree que son las principales diferencias en la formación de abogados en las universidades públicas frente a las privadas?

 

R. M. Q.: En algún momento, esas diferencias pudieron estribar en los asertos filosóficos, con los que las instituciones cautivaban y mantenían sectores de la sociedad, que, lamentablemente, radicalizaban actitudes colectivas adversas a la unidad nacional.

 

Por fortuna, ese espanto ha venido cediendo ante la exigencia de la comprobada calidad en los procesos de formación a nivel pregadual y posgradual.

 

Así, es necesaria la creación de una política de intervención seria y razonable del Estado para el fortalecimiento de la investigación en las universidades públicas y privadas, además de garantizar con planes financieros ciertos el acceso de los colombianos a la educación superior de calidad comprobada.

 

Á. J.: Ahora que se está preparando una reforma a la educación superior, ¿qué tipo de cambios cree que se deben incorporar?

 

R. M. Q.: Algo claro e irrefutable es que si cualquier proyecto de ley, así sea de manera tenue, resulta adverso al constructivismo elaborado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional referido a los derechos fundamentales, se atropella en lo más íntimo la razón de la Carta Política.

 

En consecuencia, el proyecto de educación superior debe ser, más que un pacto o una negociación entre distintos protagonistas, la síntesis del trabajo atrás mencionado.

 

Con este sentir, el legislador tendrá que consignar en el texto normativo todos los elementos que aseguren los fines previstos en el artículo 67, en concordancia con el 69 del mandato superior. Con ello, se daría el paso definitivo a las conquistas logradas en el tema por quienes han satisfecho con la tutela el reconocimiento de sus derechos, en este caso, la educación.

 

Es decir, llegó el momento de darle escenario a la educación dentro del marco de la real protección al derecho fundamental, otrora esquivo a gran porcentaje de la población.

 

Á. J.: ¿Cómo participan ustedes en la reforma a la educación superior?

 

R. M. Q.: Lo hemos venido haciendo desde los diferentes ángulos que permiten nuestros roles. Por ejemplo, el año pasado pusimos a consideración de la Asociación Colombiana de Universidades un trabajo elaborado por nuestra Vicerrectora Administrativa, del cual, tarde o temprano, se desprenderán insumos de suficiencia para la elaboración definitiva del proyecto de reforma.

 

La representante de los estudiantes ante el consejo superior es de esta facultad y es miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Dentro de la facultad, hemos realizado foros y adelantado discusiones en mesas de trabajo. Este mes tenemos previstos dos encuentros con los estudiantes, para determinar los temas sustanciales y sensibles sobre los que debe versar la reforma y la manera como dispondremos su estudio en conjunto para llevar una propuesta oficial a las instancias correspondientes.

 

De igual manera, acudimos personalmente a los eventos que organizó el Ministerio de Educación y hemos recopilado información respecto de países en los que la calidad en la educación no fulmina otros conceptos, como la gratuidad y la subsidiariedad. El pasado mes de diciembre, participamos en las primeras jornadas internacionales Sociedad, Estado, universidad en la Universidad Nacional del Mar del Plata (Argentina). De allí se trajo una importante experiencia, y dejamos ver con nuestra ponencia, llamada La triada ideología, gobierno y participación en la educación, el momento crucial por el que atraviesa Colombia en el visionario tema.  

 

En fin, seguimos dispuestos a afrontar el tema, a la luz del intercambio racional de ideas en los distintos escenarios que demande la tarea.

 

 

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 Ricardo Martínez Quintero

 

Estudios realizados: abogado y especialista en Derecho Penal y en Criminología y Criminalista de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario y en Casación Penal de la Universidad la Gran Colombia.

 

Cargos desempeñados: magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, conjuez del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y docente universitario. 

 

Cargo actual: Decano de la Facultad de Derecho Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.