Lorenzo Calderón Jaramillo: “Manizales se ha destacado históricamente por su calidad jurídica”

 

Las áreas tradicionales del Derecho: Penal, Laboral, Privado (Civil y Comercial) y Administrativo, son las que, a juicio de Lorenzo Calderón Jaramillo, han tenido mayor desarrollo en Manizales.

Para este abogado oriundo de esa ciudad, exdirector del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, “dado el gran centralismo que impera en Colombia, en la capital del país se han concentrado temas como el bursátil, el financiero, el minero, el de propiedad industrial y el de telecomunicaciones, entre otras”.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo califica el ejercicio del litigio en una ciudad como Manizales?

 

Lorenzo Calderón Jaramillo: Manizales es una ciudad que se ha destacado históricamente por su calidad jurídica, tanto en sus litigantes como en sus jueces. En eso ha sobresalido a nivel nacional, hasta tal punto de que, en los indicadores del Doing Business, aparece muy bien calificada. Ha sido piloto para aplicación de la oralidad, y el aprendizaje ha arrojado buenos resultados, pero no pueden perderse de vista los retos de estudio y calidad que impone el sistema.

 

Sin embargo, no es ajena a la crisis sistémica de la justicia, donde existe un gran reto para mejorar la administración de justicia y el respeto por sus usuarios (mandantes y mandatarios). Tengo casos que fueron asignados al sistema de descongestión y llevan casi cinco años sin sentencia y, en algunos, han conocido del proceso hasta siete jueces. Esto afecta la confianza en la justicia y, por tanto, genera deslegitimación institucional.

 

Á. J.: ¿El desarrollo empresarial en esta zona del país ha ido de la mano con normas jurídicas que permitan su crecimiento?

 

L. C. J.: Creo que sí. Tanto las políticas de los gobiernos local y nacional, como el esfuerzo de la institución que promueve el desarrollo empresarial, es decir, la cámara de comercio, han permitido estudiar, promover y difundir un escenario jurídico que facilita el desarrollo y el crecimiento empresarial.

 

Á. J.: ¿El Derecho Comercial y sus normas responden a las nuevas exigencias en materia de tecnologías de la información y comunicaciones?

 

L. C. J.: Comparto la idea de que nuestro Código de Comercio requiere una reforma profunda que facilite la unificación normativa, que distinga claramente los linderos entre un modelo que basa su construcción en la “responsabilidad del buen padre de familia” y otro que la sustenta en “el buen hombre de negocios”. También se debe hablar estructuralmente de un derecho de la empresa y de los negocios, para distinguir la vida del ser humano en sus relaciones de ciudadano que consolida un patrimonio civil de las del empresario, donde los riesgos patrimoniales y su dinámica son diferentes.

 

Las exigencias y retos planteados por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones imponen repensar y superar formalismos medievales e inconscientes colectivos atávicos, que van rezagados frente al comercio. Desde sus orígenes, el comercio ha creado figuras dúctiles y seguras que facilitan su avance (recuérdese el origen de los títulos valores, por ejemplo).

 

Á. J.: ¿La oferta académica para los futuros abogados manizaleños se acompasa con la demanda?

 

L. C. J.: Hay un dicho que expresa: “en Colombia, un buen profesional no lo es por la universidad, sino a pesar de la universidad”. En la ciudad hay tres programas de Derecho vigentes, lo que permitiría pensar, en principio, que puede haber una sobreoferta de abogados. No obstante, la oferta es de alta y afamada calidad, a pesar de lo cual hay aspectos por mejorar. La experiencia muestra que la mayoría ejerce dignamente su profesión.

 

En una sociedad en la que hay muchas injusticias y violaciones a los derechos de las personas, el abogado juega un papel fundamental, pues la demanda de estos profesionales es alta. El reto es tener buenos abogados, concebidos como ciudadanos honestos, comprometidos con el Estado social de derecho y con la lucha contra las injusticias. Los buenos abogados siempre encontrarán en dónde ejercer la profesión.

 

Á. J.: En su calidad de estudioso de temas sobre la lucha contra la corrupción, ¿cómo evalúa el hecho de que ya se hable de estos fenómenos en las altas cortes?

 

L. C. J.: Es grave y lamentable. A principios del siglo, los indicadores sobre la probidad en la justicia la mostraban en excelente posición. Hoy, asistimos a un modelo de captura del Estado por grupos legales e ilegales de interés que también han logrado cooptar a los jueces en los diversos niveles.

La incidencia del Ejecutivo, que afecta la independencia de la justicia, y el paulatino incremento por parte del legislador de facultades jurisdiccionales a las superintendencias, lo cual mina la justicia, y que son apenas dos aristas del problema, nos convoca a todos a defender y reivindicar una Rama Judicial independiente y fortalecida, que tenga jueces estudiosos, honestos y humanistas con una noción clara de lo justo, que afirmen un profundo compromiso con la sociedad de nuestros tiempos.

 

Entre menos mediática y militante política sea la justicia y entre más axiológica se torne garantizando el acceso por méritos a la función judicial, se podrán neutralizar los riesgos de corrupción.

 

Á. J.: ¿Cómo recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la justicia?

 

L. C. J.: En el mismo orden de ideas de la respuesta anterior, creo que se trata de una reforma estructural, pero también pasa por la toma de conciencia de nuestros dirigentes del sistema, que el ciudadano de carne y hueso aspira a una pronta y cumplida justicia y que si eso no lo percibe, puede caer en la tentación de tomar la justicia en su propia mano. Eso es inaceptable. Por ello, el reto es recuperar la credibilidad en la Rama Judicial y en el papel del juez en nuestra sociedad.

 

Respecto a las altas cortes, creo que la reforma debe ser profunda: magistrados vitalicios, mayores de 60 años, que provengan por tercios de la academia, del litigio y de la judicatura y que cuando mueran o renuncien, se respete ese origen, para mantener los equilibrios en la construcción jurisprudencial.

 

 

Lorenzo Calderón Jaramillo

 

Estudios realizados: abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Caldas, con diplomas en control de la corrupción y reforma judicial en América Latina del Instituto del Banco Mundial.

 

Cargos desempeñados: fue Director del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, litigante y asesor empresarial, docente en pregrado y posgrado en temas de Derecho Mercantil y Empresarial, conjuez del Tribunal Superior de Manizales, árbitro y consultor internacional.

 

Ocupación actual: actualmente, es Secretario General de la Universidad Autónoma de Manizales.