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Lina Marcela Múnera: “Las universidades están hechas para personas sin discapacidad”
15 de Mayo de 2013
Lina Marcela Múnera nació con baja visión y perdió definitivamente este sentido cuando tenía 11 años de edad. Hoy, a los 24, y recién graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira, es una líder regional en temas de inclusión de personas con discapacidad.
Su inclinación por el Derecho surgió porque eran pocas las carreras que ofrecían herramientas informáticas para personas invidentes. “Me gustaban las materias sociales y humanísticas y me inquietaba el contexto político nacional, así que Derecho se mostraba como una buena alternativa”, señala.
Al final, el resultado fue muy satisfactorio, ya que, además de un buen promedio y un puntaje sobresaliente en el Ecaes, ganó, junto con el semillero de derechos humanos de la Libre, el Concurso nacional universitario de la Defensoría del Pueblo, en el 2009, y participó en el Concurso interamericano en la American University, en el 2010.
ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo transcurrió su proceso de formación en Derecho?
Lina Marcela Múnera: Cuando llegué a la universidad, ya había superado el proceso de rehabilitación que requieren las personas ciegas y con baja visión para participar de forma efectiva en sociedad. Es decir, manejaba el sistema braille, tenía un buen desplazamiento autónomo y un buen autoconcepto y comprendía la discapacidad, así que cursé mi carrera sin traumatismos. En clases, tomaba apuntes como todos, al principio en braille y, luego, en portátil; leía los libros, algunas veces con compañeros y otras con mi escáner; presentaba exámenes, unas veces orales, otras con un lector humano o en portátil, y participaba de las actividades académicas de la universidad cuando podía. Es un proceso de aprender a aprender, una construcción entre estudiante y maestros.
Á. J.: ¿Las universidades están preparadas para formar estudiantes en condición de discapacidad?
L. M. M.: No, las universidades están hechas para personas sin discapacidad. Generalmente, hay poca accesibilidad al medio físico e informático y poca voluntad de preparar a sus maestros y administrativos en inclusión educativa. Por ejemplo, los principales libros de Derecho no existen en formato electrónico, lo que dificulta su lectura para personas ciegas. En la mayoría de las universidades, la carga para enfrentar la inaccesibilidad la tiene el estudiante, y eso es más palpable en las instituciones pequeñas. Pero lo grave es que la universidad no está preparando a sus profesionales en temas de discapacidad: ni médicos, ni arquitectos, ni ingenieros, ni licenciados, ni abogados. Pocos currículos tienen cátedras que formen a sus estudiantes en términos de inclusión. En la práctica, la discapacidad todavía la manejan especialistas, y eso hace que el statu quo se perpetúe. Luego, la justificación frente a la omisión es que en la universidad no enseñan sobre discapacidad.
Á. J.: ¿La sociedad colombiana ha avanzado en temas inclusión?
L. M. M.: Sí, indudablemente. Pero falta más compromiso. La responsabilidad no es del Estado, sino de la sociedad. Quienes demandan inclusión al Estado también deben asegurar actitudes garantistas. Existen empresas de cientos de empleados, de los cuales ni uno tiene discapacidad; miles de establecimientos públicos sin accesibilidad física; cientos de páginas web que no cumplen con los estándares de diseño universal. Todos debemos contribuir. No obstaculizar el espacio público, promover el aprendizaje de la lengua de señas y flexibilizar, cuando sea necesario, los procesos de atención. Constantemente, hay que verificar que los servicios que cada quien ofrece sean accesibles para una persona con discapacidad. La mayoría desconoce que parte de su declaración de renta puede donarse a entidades que trabajan para la discapacidad. La inclusión ha mejorado, pero falta mucho para equiparar oportunidades.
Á. J.: ¿Se requieren más normas para garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad?
L. M. M. G.: No, actualmente el problema no está en las normas, sino en el cumplimiento. En Colombia, nos hace falta más voluntad social que normativa y jurisprudencia. En ocasiones, las entidades que prestan servicios para personas con discapacidad se ven con más normas para cumplir que recursos para trabajar. Actualmente, dirijo Corpovisión, que es una entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de rehabilitación para personas ciegas y con baja visión en Pereira, y a pesar de toda la normativa aplicable sobre el derecho a la rehabilitación de las personas con discapacidad, nuestra corporación tiene dificultades para lograr recursos para trabajar. Quizá lo que se requiere es el conocimiento de la norma y la toma de conciencia, en el sentido de que la discapacidad no es una desgracia, sino una condición de cualquier ser humano en la que se puede vivir dignamente, si se garantiza la equiparación de oportunidades.
Á. J.: ¿Con la Ley de Discapacidad, Colombia está a la altura de los estándares internacionales en la materia?
L. M. M.: Sí. La Ley 1618 del 2013 desarrolla las exigencias de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Colombia, en cuanto a legislación, está a la altura, pero no en cuanto al cumplimiento. El sistema nacional de discapacidad está fundamentado con base en las organizaciones de y para personas con discapacidad, pero la sociedad y el Estado no les dan la importancia y el trato que merecen. Eso contribuye a que la población con discapacidad tenga voces débiles. Hay que fortalecer nuestras organizaciones, defenderlas y apoyarlas para gozar de una sociedad más inclusiva.
Á. J.: ¿La infraestructura de los despachos de justicia facilita o dificulta el oficio del abogado que tiene algún tipo de discapacidad?
L. M. M. G.: Actualmente, el sistema de justicia en Colombia carece de accesibilidad. Es necesario fortalecer la oralidad, la utilización del documento electrónico, el conocimiento de la lengua de señas por parte de los funcionarios judiciales, la accesibilidad arquitectónica de los juzgados para todas las discapacidades, etc. El acceso a la Rama Judicial con los actuales expedientes de papel es muy difícil y, por todo ello, falta mucho para hablar de inclusión en la administración de justicia. Existen en nuestro país excelentes abogados con discapacidad que litigan usando la tecnología. Pero el sistema dificulta mucho las cosas. Personalmente, litigo poco, trabajo como abogada en la Gobernación de Risaralda en lo relacionado con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (L. 1448/11), y la diferencia es abismal. Mientras en la administración de justicia dependo el 100 % de un lector humano, en la gobernación soy completamente autónoma en mi trabajo, gracias a la política de cero papel. Esa política también debe implementarse en los despachos judiciales, para bien de la naturaleza, las personas con discapacidad y el público en general.
Lina Marcela Múnera García
Estudios realizados: abogada de la Universidad Libre Seccional Pereira.
Cargos desempeñados: Delegada de Jóvenes en la Secretaría de Equidad y Género de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Limitados Visuales, Coordinadora Sala Conectando Sentidos de la Biblioteca Ramón Correa Mejía y abogada de la Fundación Horizontes de Luz.
Ocupación actual: Directora Ejecutiva de la Corporación de Limitados Visuales de Risaralda, abogada contratista de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Risaralda y litigante en temas de inclusión.
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