“La llegada de firmas de abogados extranjeras nos beneficia a todos”

 

Aptitud para enamorar a los clientes y algo de olfato para advertir oportunidades de negocio que se puedan estar subestimando. Esas son las dos principales características en las que se fija Moncada Abogados a la hora de contratar a sus profesionales.

 

En opinión de su socio director, Juan Carlos Moncada, “buscamos abogados que, sin renunciar a lo que piensan, comprendan que no están para juzgar, ni para enseñarles a nuestros usuarios cómo conducir sus negocios. Nuestro papel es intentar viabilizar su interés. Los abogados representamos a la parte, pero no somos la parte”.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Llegan al país muchos despachos de abogados extranjeros. ¿Le preocupa?

 

Juan Carlos Moncada: Hay un ambiente de mucha competencia. En primer lugar, la globalización los beneficia a ellos, que tienen versatilidad en mercados internacionales y logran impresionar fácilmente, pero también beneficia a despachos medianos o pequeños que inventan modelos colaborativos con el exterior, como nuestro caso. Así que no me quejo de lo que está pasando, pues nosotros, que no hacemos parte del círculo de los grandes despachos nacionales y extranjeros, hemos sacado partido. Por otra parte, la presencia de grandes jugadores nos obliga a conocer con más detalle sus estándares de prestación de servicios para entenderlos, distinguirnos y, por supuesto, luchar por la clientela. Hay otras cosas que nos tienen más nerviosos.

 

Á. J.: ¿Qué les preocupa?

 

J. C. M.: Mientras en EE UU es común que los abogados quieran realizar su vida profesional en despachos, aquí apenas se percibe esa tendencia. Y los despachos que existen todavía tienen mucho que aprender de lo que pasa en Londres, Nueva York o Madrid. En ciudades capitales de Colombia es prácticamente inexistente el esquema de directorios o bufetes. Mucho “llanero solitario” y despachos personalistas que giran alrededor de alguien, no empresas. Un tejido así nos obliga a fijarnos en buenos referentes extranjeros, al tiempo que invita a pensar políticas de incentivos y reconocimiento de liderazgos de las oficinas para retener talento y trabajar en equipo.

 

No es fácil, porque un despacho tiene que articular abogados de distintas generaciones que no piensan lo mismo. No enfocan igual sus tareas los abogados sénior que los júnior o que abogados de edad mediana, y eso que no estoy apelando al catálogo de baby boomers, generación X o Y o millenials. Balancear la brecha de esas generaciones en el mismo ambiente laboral no es fácil. Otro desafío son las redes sociales, porque nuestro medio es excesivamente cerrado y conservador y hacer networking por esta vía sigue siendo obsceno para muchos. Es equivocado verlo así, pues este negocio no es distinto a muchos otros.

 

Á. J.: ¿Cómo examina el sector legal en Colombia?

 

J. C. M.: Hacemos la práctica con rutinas muy parecidas. Poca innovación. Se debe a que el Derecho es un sector muy conservador, pero no es excusa. Y tenemos muchas cosas no resueltas: propuestas creíbles de responsabilidad social corporativa, que no se reduzcan a horas de trabajo legal; colegios de abogados críticos; asociaciones de jueces, fiscales, procuradores y notarios menos reivindicatorios y, definitivamente, más trabajo editorial, doctrinal y de controversia pública en el sector, más eventos de abogados en los que se hable de administración de despachos, en los que se compartan problemáticas y experiencias de innovación.

 

Á. J.: ¿Qué decir de la formación?

 

J. C. M.: Los abogados están recibiendo una formación excesivamente jurisprudencial. Universidades: ¿en qué quedó la doctrina? Con todo respeto, no podemos dar por hecho que los jueces siempre tienen la razón o que las mejores mentes están en las cortes o que las soluciones que demandan los clientes están siempre en el precedente. También inquieta que tenemos una formación demasiado local. Abogados con pasaporte en la mano, eso es lo que necesitamos.

 

Á. J.: ¿Qué elementos juegan para la contratación de abogados?

 

J. C. M.: Quisiera decirle que criterio, disciplina y ortografía. Pero los tiempos en los que solo se tomaban en cuenta esas virtudes se han ido. Ahora es primordial evaluar la predisposición hacia la tecnología aplicada al Derecho, formación en idiomas, conexión con lo que sucede a nivel global, etc.

 

Á. J.: Se habla poco de la organización interna de los despachos de abogados. 

 

J. C. M.: Están ocurriendo cosas: tercerización, por ejemplo. Hemos entendido que no podemos ni debemos hacerlo todo, y no me refiero al típico outsourcing de servicios contables, servicios de administración o tareas mecánicas. Estamos viendo la necesidad de apoyarnos en asociados, en of counsel, o en empresas que se especializan en producir información o análisis legales. Así mismo, vemos surgir oficinas de investigación, auditores paralegales, especialistas en temas de informática jurídica o de marketing legal a las que sí o sí tenemos que acudir. Esa tendencia va a internacionalizarse pronto: en ciertas áreas va a ser posible pedir experticia legal a oficinas de otras jurisdicciones.

 

Á. J.: ¿Mayor conectividad significa algo para ustedes?

 

J. C. M.: Estamos frente a una avalancha de herramientas de administración de despachos, así como APP para todo tipo de tareas, que hacen que el teléfono tenga mucha menor importancia para coordinar a varias personas al tiempo alrededor de un caso. La manera de hacer el litigio, la consultoría o el trabajo arbitral está cambiando. Las facilidades de conectividad exigen estar cada vez menos cerca de un computador para dar respuesta a un cliente. Tener un disco duro como hacíamos antes resulta anticuado y hasta inútil.

 

Á. J.: ¿Cómo se están facturando servicios jurídicos?

 

J. C. M.: Lo que ahora llaman pricing, tema complejo. Y no siempre depende de nosotros, pues llegan empresas acostumbradas a contratar servicios legales y traen muy claro los honorarios que están dispuestos a pagar. Estamos lejos de la época de los manuales del Colegio Nacional de Abogados, pero también lejos de imponer nuestras condiciones como antes. Se toma en cuenta de todos modos la intensidad en la interacción con técnicos de los clientes, el horizonte de tiempo propuesto y la dimensión del equipo destinado al caso.

 

Á. J.: ¿Tiene siempre el cliente la razón en servicios legales?

 

J. C. M.: Los abogados hemos sido por décadas el centro de este negocio, en vez de considerar a nuestros clientes como el centro. La consecuencia es que muchos nos ven como vampiros o “chepitos” arrogantes. Creo que necesitamos ser más horizontales, amigables y considerar que el día del cliente está llegando también al mundo de la prestación de servicios legales.

 

Á. J.: ¿Qué anticiparía del sector legal para 2017?

 

J. C. M.: Una cascada de decretos y nuevas normas en ejecución de los acuerdos de paz. Y probablemente una fogata de leyes. Vendrán también sentencias e interpretaciones judiciales que harán de este año uno de los más cruciales desde 1991. Los inversionistas mantienen interés natural en saber si esas medidas pueden afectar su decisión de invertir o de mantenerse aquí, y es cuando va a sonar nuestro teléfono. Habría que añadir que el 2017 llega fuertemente marcado por el impacto de una reforma tributaria que en su propósito de recaudar 6,2 billones de pesos ha confundido a muchas empresas que sienten que no pueden hacer planeación fiscal de mediano y largo plazo, o que miran de reojo las políticas legales de incentivos que luego son desmontados directa o indirectamente, como en el caso de las exenciones de renta a la construcción hotelera. Un mar de perplejidad e indecisión en la que los despachos de abogados tendrán oficio.

 

Á. J.: Parece un año de tributaristas…

 

J. C. M.: Bueno, hay otros temas: protección de datos y cyberseguridad, aspectos legales del turismo, biotecnología y algo de derecho de infraestructura en las regiones, por efecto de la necesaria articulación de obras departamentales y locales a las dobles calzadas. Ahí estará nuestro movimiento más inmediato.

 

Á. J.: ¿Odebrecht?

 

J. C. M.: Las compañías norteamericanas y europeas vivieron hace tiempo su propio Odebrecht, y ahora nos toca a nosotros. Eso implica que las empresas deben reinventar sus mecanismos de compliance. Y se puede augurar un 2017 dinámico también en acciones populares para la protección de intereses colectivos, particularmente en temas de transparencia pública. Ya la Procuraduría arrancó presentando algunas, precisamente en el tema Odebrecht.

 

Á. J.: ¿Diría que se están adaptando los abogados al uso de nuevas tecnologías?

 

J. C. M.: Estamos lejos del concepto de virtual law firms, pero la transformación digital es ya una exigencia y no un reto. Es imposible llevar el paso a los clientes si el despacho no tiene las condiciones tecnológicas para articularse con ellos. Los clientes parten de la base de que sus abogados tienen las habilidades sustanciales para atenderlos, pero si notan que no usan o aprecian la tecnología, sin duda te juzgarán desfavorablemente. Los abogados no consultamos ya en los viejos anales de leyes y jurisprudencia, que quedaron de adorno en bibliotecas, sino en herramientas digitales. Ahora bien, esa transformación digital de que hablamos trae consigo una exigencia, la de la seguridad de la información: cada vez tenemos que ocuparnos con mayor seriedad de la forma como estamos almacenando y administrando los datos, y no es solo una preocupación de las que generó Mossack-Fonseca, sino que es necesario dar garantías a los clientes de que su información en nuestro poder está bajo estándares adecuados de protección tecnológica.

 

Á. J.: Bueno, por lo visto hay de qué hablar en el sector…

 

J. C. M.: Parece frase de cajón decir que el mundo está cambiando, pero nunca fue tan real para despachos de abogados. La actividad procesal y probatoria viene claramente orientada a la era digital en nuestras recientes reformas procesales, y el moderno derecho de la administración pública muestra un claro enfoque a esquemas de administración electrónica. Eso hay que asimilarlo en nuestra práctica legal.

 

 

Juan Carlos Moncada

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad de Antioquia y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

 

Cargos desempeñados: docente de pregrado y posgrado en Derecho Constitucional, Administrativo y Resolución de Conflictos en las universidades de Antioquia, de Medellín, de Nariño, Eafit y Javeriana y de la Escuela Superior de Administración Pública.

 

Ocupación actual: litigante ante juzgados, tribunales administrativos y altas cortes, consultor de entidades públicas y de compañías privadas y socio director de Moncada Abogados.