Francisco Bernate Ochoa: “El sistema acusatorio no funcionó”

“El Derecho Penal es una ciencia apasionante, una ciencia con un desarrollo teórico único, pero, sobre todo, una ciencia creada por y para el ser humano”. Así explica el abogado Francisco Bernate Ochoa su pasión por esta rama del Derecho. Sin embargo, es prudente a la hora de señalar sus límites: “Esperamos demasiado del Derecho Penal, que solo multiplica los problemas y produce dolor. Hay que limitar el dolor”, advierte.

 

Aunque ejerce como litigante, la gran pasión de Bernate es la academia. Algunos de sus maestros fueron determinantes para dedicarse a ella. De los nacionales, heredó un agudo sentido autocrítico, y de los extranjeros, la necesaria conexión entre el Derecho y la realidad social.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿El proyecto de reforma al Código Penitenciario presentado por el Gobierno es suficiente para solucionar la crisis carcelaria? 

 

Francisco Bernate Ochoa: No es suficiente. La actual crisis carcelaria encuentra su origen en el sistema penal acusatorio y en las sucesivas reformas que se han implementado. El sistema actual sostenía la primacía de la libertad, pero de inmediato incrementó todas las penas del código, con lo que los delitos que admitían la prisión preventiva aumentaron. Posteriormente, las reformas que se han introducido han limitado los escenarios de libertad, y ello conduce a la situación actual, contraria a los derechos humanos y verdaderamente insostenible. Tenemos que entender que la cárcel no resuelve nada, y limitar su empleo a las personas condenadas, y muy excepcionalmente a personas investigadas. 

 

Á. J.: ¿Se les ha ido la mano a los jueces con la detención preventiva?

 

F. B. O.: Sin duda. Los criterios para imponer la medida de aseguramiento son demasiado subjetivos, y se tiene la idea de que si las personas no van a la cárcel, hay impunidad. Se ha llegado a extremos como permitir que el Ministerio Público solicite la detención de las personas, algo realmente contrario al principio de prevalencia de la libertad. Llama la atención que en Colombia cuando un juez absuelve a un ciudadano o le concede la libertad, llueven sobre él las críticas e investigaciones, lo que no sucede cuando encarcela o condena. Esto debe ser revisado.

 

Á. J.: ¿Las leyes de aumento de penas han servido para disuadir la comisión de delitos?

 

F. B. O.: Esa era una idea que se sostuvo a finales del Siglo XVIII y que hoy en día está revaluada en todo el planeta, menos en Colombia, donde aún se cree que para prevenir el delito hay que aumentar las penas. Ello explica que nuestro código tenga penas de hasta 128 años de cárcel. Absurdo. 

 

Á. J.: Con este panorama, ¿cree que el sistema penal acusatorio va a colapsar?

 

F. B. O.: El sistema acusatorio nació colapsado. No es el sistema adecuado para una sociedad altamente conflictuada como la nuestra. Ya la misma corte Suprema de Justicia reconoció lo que venimos diciendo hace más de diez años: el sistema acusatorio no funcionó. No está pensado para una sociedad con nuestras particularidades. Por demás, desconoce de bulto garantías y derechos consagrados en instrumentos internacionales. Ha implantado una justicia elitista y a espaldas del ciudadano. Ha fortalecido la cultura carcelera. Fue un gran error, que advertimos en su momento. 

 

Á. J.: ¿Por qué no ha sido posible la definición de una política criminal?

 

F. B. O.: Porque nos movemos al vaivén de los escándalos. Para cada escándalo respondemos con creación de delitos y aumento de penas. No hemos entendido que el derecho penal no resuelve nada, por el contrario, genera cada vez más problemas. Esperamos demasiado del derecho penal, que solo multiplica los problemas y produce dolor. Hay que limitar el dolor. 

 

Á. J.: ¿Está de acuerdo con que, en una eventual desmovilización de las FARC, se apliquen criterios de selección y priorización?

 

F. B. O.: Pensar que se deben investigar todos los delitos cometidos por este grupo es imposible. En efecto, creo que es un gran acierto aplicar estos criterios, así como el del contexto. Sin duda, marca el camino correcto.

 

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Estudios realizados: abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado y en Derecho Penal Económico de la Universidad de Castilla La Mancha (España), magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Alfonso X El Sabio (España), doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio y doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid.

 

Cargos desempeñados: docente de las universidades del Rosario, de Los Andes, Santo Tomás y Nacional; abogado de la Bolsa de Valores de Bogotá; redactor penal de Legis; asesor de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y conjuez del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

 

Ocupación actual: docente y abogado en ejercicio.