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Fernando Cuéllar: “El juez no se puede convertir en copiador–pegador”

31 de Octubre de 2013

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Nota:
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La celebración del centenario de la jurisdicción contencioso administrativa, que coincidió con su XIX Encuentro, en Cali, revivió debates como el de la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales y la correcta aplicación del precedente judicial, entre otras controversias.

 

ÁMBITO JURÍDICO dialogó con el presidente del Tribunal Administrativo de Caquetá, Fernando Cuéllar, quien resalta los problemas de una medición de productividad puramente estadística, defiende la acción de amparo constitucional contra decisiones del juez ordinario y reconoce las dificultades que enfrenta la administración de justicia en zonas de conflicto.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Usted prefiere el juez administrativo preconstitucional, apegado a la norma, o el dotado de poder interpretativo que surgió con  la Constitución  de 1991?

 

Fernando Cuéllar: Es preferible el juez de ahora, el que dirige el proceso, que no se apega simplemente a la ley, sino que crea derecho. En el reciente encuentro de la jurisdicción, se hizo una escala del tipo de jueces, pero, a mi juicio, faltó uno que se debe evitar: el copiador - pegador, porque en razón de presiones estadísticas, se está haciendo justicia como empanadas. El operador se ha convertido en eso, uno que se limita a señalar lo que dijeron las cortes, sin proponer nada como juez.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los riesgos de esa nueva libertad de actuación?

 

F. C.: El juez debe tener una formación integral, conocer de todo, ser un señor juez y no el simple operador que, para mí, en forma despectiva, ahora nos atribuyen. Se debe partir de la buena formación desde las facultades de Derecho, una con criterio jurídico, humanístico y que observe principios y valores. No estamos en eso, porque hay multiplicidad de universidades que están sacando abogados como fotocopiadoras.

 

Á. J.: ¿Y la aplicación del precedente judicial?

 

F. C.: La Constitución dice que es un criterio auxiliar, pero hoy es el que se está imponiendo. Cuando se va a dictar sentencia, el juez lo que hace es copiar el párrafo de lo que ha dicho el Consejo de Estado y, ¿dónde queda su criterio judicial? Los jueces también deben crear.

 

Á. J.: ¿La exigencia de resultados está llevando a esa mediocridad?

 

F. C.: Las estadísticas están imperando sobre la calidad. La justicia no se mide por metros, pero como los jueces tienen que cumplir con esas metas, les toca confiar en lo que les pongan. El Consejo Superior de la Judicatura establece determinadas metas y, me pregunto, ¿cómo un magistrado va a dictar 31 sentencias en un mes? La sentencia debe ser un acto de reflexión.

 

Á. J.: ¿Qué solución propondría?

 

F. C.: El asunto es ampliar el aparato judicial, el presupuesto. Un ejemplo, en Florencia, tenemos dos jueces administrativos en la oralidad, cada uno ya pasa de 600 negocios y tienen  programadas audiencias hasta agosto del 2014; con esa congestión y esa demanda enorme de justicia, no pueden. Tendrían que crear juzgados más capacitados.

 

Á. J.: En el encuentro de la jurisdicción se dijo que la tutela contra sentencias judiciales estaba afectando la confianza legítima del ciudadano en la jurisdicción ordinaria. ¿Concuerda con esta postura?

 

F. C.: Sin que se convierta esta herramienta en una tercera instancia, es indispensable. El mismo Consejo de Estado, en negocios nuestros, ha tutelado decisiones, así que cuando es tan ostensible la violación de derechos fundamentales, es necesaria.

 

Á. J.: ¿Cómo se desarrolla la labor de un funcionario judicial en zonas donde los grupos armados organizados ejercen cierto control?

 

F. C.: He tenido algunas amenazas; me llegó un panfleto, cuando era fiscal, y a mi señora, que también lo era e instruía negocios contra guerrilleros y paramilitares; hubo atentados en contra de ella.

 

Á. J.: ¿La seguridad ha sido un obstáculo para impartir justicia en regiones como el Caquetá?

 

F. C.: Sí, esa es otra de las causas de la congestión. Hay peritajes que no se pueden hacer, porque el encargado debe pedir permiso al grupo que controla el territorio.

 

 

Fernando Cuéllar Sánchez

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad Autónoma de Colombia y tiene especializaciones en Derecho Penal, Público, Administrativo y Probatorio.

 

Cargos desempeñados: Juez de Instrucción Criminal de Bogotá y Purificación (Tolima); fiscal seccional de esa población, de El Espinal y de Ibagué; abogado asesor y jefe de División de Auditoría de la Contraloría del Huila; gerente de la Beneficencia de ese departamento; alcalde de La Plata (Huila) y juez promiscuo municipal de Oporapa (Huila).

 

Ocupación actual: Presidente del Tribunal Administrativo de Caquetá.

 

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