“El certificador TÜV debe responder a víctimas de implantes PIP”

 

Nathalie Lozano Blanco es socia fundadora de Lozano Blanco & Asociados, firma que asumió la representación de cientos de mujeres que en Colombia y 27 países más se reconocen a sí mismas como víctimas de los implantes mamarios PIP.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, explica los antecedentes y el estado actual de la responsabilidad de la compañía TÜV en la generación del daño y el alcance de las decisiones de los operadores de justicia de Francia por estos hechos.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Las víctimas de los implantes mamarios PIP habían empezado a recibir reparaciones por cuenta del Tribunal de Comercio de Toulon (Francia), pero esa decisión fue revocada. ¿Cuál es el estado actual de los procesos?

 

Nathalie Lozano Blanco: En ese momento, al primer grupo, compuesto por 1.514 demandantes, se les entregó un pago inicial de 3.400 euros a cada una. Desde noviembre del 2013 hasta ahora, hemos presentado demandas independientes para nuevos grupos de afectadas. Actualmente, más de 9.000 se han unido a diferentes procedimientos en Francia, por medio de Lozano Blanco & Asociados, y cada una de esas demandas está avanzando independientemente. La decisión del pasado 2 de julio afecta únicamente al primer grupo, caso en el cual aún faltan instancias judiciales para que se llegue a una decisión definitiva. En particular, recurriremos a la casación para reversar la última decisión negativa, pues estamos convencidos de la responsabilidad del certificador TÜV en este daño.

 

Á. J.: ¿Qué ha pasado con las víctimas? ¿Han recibido los tratamientos médicos y sicológicos, además de la indemnización económica?

 

N. L. B.: Al primer grupo de 1.514 mujeres ya les fue entregado el dinero correspondiente a la indemnización decretada en noviembre del 2013. Sabíamos que entre nuestras clientas muchas tenían la necesidad urgente de retirar las prótesis, pues estaban rotas o causando un daño a su tranquilidad y salud. Otras habían actuado preventivamente, incurriendo en deudas que debían honrar, y el dinero de la provisión fue usado para eso. Hoy, conocemos de varios casos de mujeres que realizaron el retiro de las prótesis y seguimos buscando las alternativas para que todas obtengan una indemnización suficiente para reparar los daños que han sufrido, incluyendo una remuneración justa por la angustia y el miedo al que fueron sometidas. 

 

Á. J.: ¿Por qué en Colombia no ha habido sanciones?

 

N. L. B.: Sabemos que actualmente cursan algunos procesos que buscan declarar la responsabilidad de entidades oficiales y privadas frente a los daños que han sufrido las mujeres afectadas por las prótesis PIP. Decidimos no involucrarnos en ese tipo de reclamaciones, porque nos enfocamos en la fuente inicial de los daños. Estamos convencidos de que la negligencia del certificador TÜV fue la que permitió que las prótesis se distribuyeran con la confianza que a nivel mundial representa el Sello CE en los productos. De una u otra forma, esa identificación era la garantía de que se cumplía con los estándares de la Unión Europea. La fuente de la responsabilidad está en quién fue negligente y, por eso, consideramos que es TÜV quien debe responder.

 

Á. J.: ¿Y qué responsabilidad deberían tener, al menos en el campo ético, los médicos y los cirujanos en este caso?

 

N. L. B.: Si bien hemos tenido contacto con profesionales excelentes, comprometidos con la seguridad y bienestar de sus pacientes, sabemos que algunos médicos no cumplieron cabalmente con sus obligaciones para que sus pacientes estuvieran debidamente informadas de los riesgos de sus cirugías. Aun cuando el problema de las prótesis PIP, en muchos casos, no podía ser conocido por los médicos, sí hemos encontrado casos en los que los vacíos de información han agravado los riesgos a los que se exponen las mujeres.

 

Á. J.: ¿Existe en Colombia una reglamentación lo suficientemente sólida que permita la actuación vigilada de las entidades de salud que practican cirugías estéticas?

 

N. L. B.: En términos de consentimiento informado, por ejemplo, que es muy importante para que las personas entiendan los riesgos a los que se están exponiendo, hay mucho por hacer. Las personas se ven expuestas a una ausencia total de información o a una que no entienden, por estar enfocada en la protección de los riesgos legales de los médicos e instituciones y que, por lo tanto, no cumplen con su cometido de informar debidamente a los pacientes.

 

Á. J.: ¿Qué opina sobre las propuestas para restringir las cirugías estéticas?

 

N. L. B.: Sabemos que existen iniciativas para restringir el acceso a cirugías estéticas. En mi concepto, eso puede representar un riesgo mayor, en la medida en que podría fortalecer el mercado no regulado o ilegal; para nosotros, la mejor alternativa regulatoria es garantizar que las personas puedan acceder a los procedimientos con toda la información y seguridad posibles. En el caso especial de los menores de edad, estos procesos de decisión deberían ir acompañados de conceptos médicos y sicológicos que garanticen que la cirugía es necesaria o, al menos, importante y que existe la suficiente madurez y preparación sicológica en el paciente para hacer frente a ella.

 

Á. J.: Si bien usted ha representado un número importante de mujeres en el proceso, se habla, incluso, de que podría haber en el país varios miles de víctimas. ¿Qué se sabe de ellas? ¿Aún pueden ser parte del proceso?

 

N. L. B.: De hecho, las cifras oficiales hablan de que en Colombia hay cerca de 15.000 afectadas. Nosotros estamos buscando las alternativas para que la mayor cantidad de esas personas puedan recibir una indemnización. Ellas pueden ingresar a nuestras las www.lozanoblanco.com o www.implantes-pip.com, para iniciar el procedimiento de registro que hemos diseñado.

 

Á. J.: ¿Qué enseñanzas deja este caso a la comunidad jurídica, a las autoridades colombianas, a los médicos y a las propias mujeres afectadas?

 

N. L. B.: Una es que sí es posible reclamar y ganar cuando se han sufrido daños injustos. No hay limitaciones por nuestra nacionalidad, por género o por tener de contraparte a una multinacional. Esa es una de las mayores enseñanzas. Hemos logrado gestionar una demanda con cerca de 9.000 clientes de más de 28 países del mundo desde Colombia. Creemos que en el país existe el conocimiento y la experiencia necesaria para gestionar efectivamente casos de talla mundial, con unas condiciones de calidad comparables con las mejores firmas del mundo. Si, por alguna razón, los jueces le dieran la razón a TÜV, las autoridades nacionales y los médicos deberían cuestionarse y tomar medidas respecto de la confianza que nuestra legislación y mercado les da a los productos europeos.

 

Á. J.: ¿Queda satisfecha con los resultados obtenidos hasta ahora en los procesos de responsabilidad civil y penal?

 

N. L. B.: Hasta ahora, me satisface que las primeras mujeres que confiaron en nosotros hayan recibido un dinero que las ayudó a atender las necesidades más urgentes para proteger su salud, y el ver cómo hemos logrado crear un grupo de mujeres solidarias, fuertes, decididas a luchar. Eso, más allá de los fallos, ha sido importante para ellas y para mí. Le ha dado sentido a todo esto.

 

 

Nathalie Lozano Blanco

 

Estudios realizados: es abogada de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho Internacional Económico de la Universidad Paris 1-Panthéon Sorbonne (Francia) y es candidata a doctora en Derecho Bancario.

 

Cargos desempeñados: en el 2007, fundó en Colombia la firma Lozano Blanco & Asociados, que ha recibido reconocimientos como la mejor firma de acciones de grupo en Colombia del Global Law Experts 2014 y 2015;  en  Colombia Corporate INTL Global Awards 2014; en Corporate INTL Global Awards 2015 y en Colombia ACQ5 Global Awards 2014 y 2015.

 

Ocupación actual: socia del bufete Lozano Blanco & Asociados.