Donelia Adarme Jaimes: “La Constitución de 1991 es como un ser vivo”

Donelia Adarme Jaimes es la coordinadora académica del evento 20 aniversario de la Constitución de 1991, que realizará la Universidad Santo Tomás a comienzos de junio. En su opinión, este acto de celebración “es un homenaje a nuestro ordenamiento constitucional y a todos sus actores en las tres ramas del poder público y un acto de ilustración y sensibilización para los colombianos”.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Por qué celebrar los 20 años de la Constitución?

Donelia Adarme Jaimes: Esta celebración renueva y recuerda el pacto nacional logrado entre los diferentes actores participantes del nuevo orden constitucional. Existen cambios significativos en la Constitución, por nombrar algunos: se pasó de una Carta Política de dos ejes, una parte dogmática y otra orgánica, a tener un tríptico jurídico, conformado por una parte dogmática, una orgánica y otra económica; se limitó el sistema presidencialista desbordado; se acabó con las generaciones del estado de sitio; se dio paso al Estado social de derecho, es decir, garante; se le otorgó independencia al Emisor y rango constitucional al Banco Central y, finalmente, se creó la acción de tutela, uno de las mayores logros del constitucionalismo moderno.

Á. J.: Con las reformas incorporadas en estas dos décadas, ¿se ha perdido la esencia de la Carta Política?

D. A. J.: No. La Constitución es como un ser vivo, tiene unos sistemas y fases de desarrollo, que cumplen el propósito de darle dinamismo y acople histórico. Pensar una Constitución sin actos legislativos que la guíen históricamente sería hablar de una Carta Política fosilizada, sin vida ni dinamismos en el tríptico jurídico, y negar la presencia de las fuerzas jurídicas que le imprimieron su carácter y huella jurídica. Los constituyentes plasmaron el más vasto sueño de la mayoría de colombianos que creyeron en la séptima papeleta, con lo que se logró un articulado amplio. Adicionalmente, el Derecho se “constitucionalizó”, gracias a la Carta de 1991. Finalmente, no se puede negar que existen tendencias o fuerzas que amenazan la Constitución, con actos legislativos soberbios. Sin embargo, la Corte Constitucional ha puesto freno al abuso. Lo más importante es el aspecto económico que se imprimió y se mantiene en la Constitución.

Á. J.: Respecto a esa parte económica, ¿debería tenerse en cuenta el impacto fiscal que se genera con los fallos que buscan la ratificación del Estado social de derecho?

D. A. J.: Recordemos que la Constitución de 1991 tiene en su plataforma jurídica un régimen económico que merece ser protegido como criterio superior, llamado a mantener un orden constitucional económico, que tiene carácter vinculante, sin olvidar que la Constitución no nos impone un único modelo económico. Es bien conocido el debate que, desde hace años, sostienen economistas y juristas, por cuenta de los fallos que buscan ratificar la acción de tutela, el mandato constitucional del artículo 350 del gasto público social y el imperioso cumplimiento de fallos que ordenan gasto. No obstante, esta categoría de gasto no se podría leer como Estado social de derecho.

Á. J.: ¿Qué se debe hacer para que exista equilibrio con lo económico?

D. A. J.: La Corte Constitucional, en varias sentencias de control abstracto del 2001 al 2008, ha considerado necesario tener en cuenta las implicaciones socioeconómicas de sus fallos, así como las restricciones de la política fiscal, la ponderación de principios y derechos enfrentados y la gradualidad del fallo para el goce efectivo del derecho. Además, la Corte ha concluido que las necesidades del contexto macroeconómico, en especial el orden fiscal, sí pueden ser invocadas como justificación jurídica válida para mantener la convivencia entre el catálogo de derechos y el orden constitucional económico. Actualmente, se adelanta en el Congreso el debate sobre sostenibilidad fiscal. Este proyecto de acto legislativo eleva a rango constitucional dicho principio. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo que le permitirá al país avanzar en la construcción de unas finanzas públicas sanas, para cumplir con los derechos fundamentales de los colombianos más pobres.

Estudios realizados: abogada de la Universidad del Rosario y trabajadora social de la Universidad de La Salle, especialista en Derecho Financiero de la Universidad Católica y magíster en Derecho Público de la Universitât Konstanz-Santo Tomás.

Cargos desempeñados: asesora de la Secretaría General y de la Subdirección Jurídica de la Dirección Nacional de Estupefacientes y del Senado, miembro del Movimiento Séptima Papeleta y docente universitaria.

Cargo actual: coordinadora académica del evento 20 aniversario de la Constitución de 1991 en la Universidad Santo Tomás y gerente y representante legal del Observatorio Jurídico Ltda.