“La integración de los migrantes es un reto muy complejo”

Recientemente, el abogado colombiano Gabriel Fernández Rojas recibió la Orden Alfonso X El Sabio, en ceremonia presidida por el Rey Felipe VI, de España. Esta es una distinción que ha sido otorgada, entre otras personalidades, al científico José Ignacio Barraquer y al escritor Octavio Paz. Fernández, excónsul de Colombia en Madrid (España), es un abanderado de la lucha por la integración de los migrantes y por la educación como una forma de crecimiento de los países.

ÁMBITO JURIDICO: ¿Qué significa para usted el haber recibido la condecoración Orden Alfonso X El Sabio?

Gabriel Fernández Rojas: Esta imposición supone la máxima condecoración que otorga España en el campo de la academia, la educación y la cultura. Particularmente, es un reconocimiento a la labor realizada como Presidente del Consejo Académico y Escolar en Madrid, cuyos estudios y propuestas han sido referencia para muchas regiones en España y en la Unión Europea, lo que, frecuentemente, me ha llevado a dictar conferencias en distintas capitales europeas.

Á. J.: ¿Cómo incide la implantación de la sociedad del conocimiento en el crecimiento de un país?

G. F. R.: Esta determina más del 80 % de las diferencias de crecimiento y desarrollo entre regiones y países. La sociedad del conocimiento tiene tres pilares fundamentales igual de importantes. Primero, la formación de un sólido capital humano. Segundo, la calidad de sus instituciones jurídicas y políticas. Y tercero, el correcto uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Á. J.: ¿Cómo mejorar los sistemas educativos en los países latinoamericanos?

G. F. R.: Cada país tiene sus particularidades. Yo destacaría los cuatro aspectos básicos que determinan la calidad de cualquier sistema educativo. Primero, el profesorado. Es el factor que más incide en su calidad. Y esto es válido para todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la doctoral y posdoctoral. Segundo, que al menos el 90 % de los jóvenes entre 17 y 24 años culmine con éxito toda su educación secundaria, ya que ello es determinante para su avance a la formación superior y su desarrollo personal y laboral. Tercero, el compromiso de la sociedad con la universidad, la investigación, el desarrollo y la innovación. Y cuarto, la existencia de fuertes herramientas de diagnóstico, análisis y evaluación del conjunto del sistema educativo.

Á. J.: ¿De qué forma la educación contribuye al desarrollo en nuestras sociedades?

G. F. R.: En un sentido amplio, somos el resultado de nuestra educación. La familia y la calidad de las instituciones educativas son los predictores más importantes para vislumbrar el futuro de una sociedad. En sentido estricto, el sistema educativo formal existe para complementar aquello que la familia no puede ofrecer. Hay sociedades donde el sistema educativo es capaz de suplir las carencias culturales, socioeconómicas o migratorias de las familias. Esos son los mejores, los que generan oportunidades que, con esfuerzo por parte de los alumnos, pueden dar magníficos resultados. Hay otras sociedades en las que el sistema educativo es irrelevante. Este sería el peor de los escenarios. Un sistema educativo que no incide positivamente en el desarrollo de sus alumnos es un cero a la izquierda. Y ello a quienes más afecta es a los jóvenes que, por razones culturales, socioconómicas o migratorias, menos posibilidades tienen.

Á. J.: Uno de los retos principales que tiene la sociedad europea es permitir la plena integración de los migrantes. ¿Qué hacer?

G. F. R.: La integración de los migrantes es un reto muy complejo para cualquier sociedad. No se logra si el inmigrante no se esfuerza por obtenerla, ni si la sociedad de acogida no apuesta por ella. Podríamos mencionar muchas características de este fenómeno global, dependiendo de si lo analizamos desde una perspectiva filosófica liberal o desde una óptica comunitarista. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la comprensión del fenómeno pasa por la manera en que se resuelvan tres preguntas esenciales. Primera, ¿nacionales y extranjeros somos iguales ante la ley, aplicamos el mismo ordenamiento jurídico? Segunda, ¿la condición migratoria debería facilitar la creación de un sistema de discriminación positiva en política de vivienda, educación, empleo o subsidios? Tercera, ¿la integración exige que los inmigrantes cuenten con el derecho al voto en determinadas circunscripciones y procesos electorales? Son tres aspectos que, desde el punto de vista jurídico, reflejan la complejidad que supone la integración de los inmigrantes en sociedades de acogida con una presencia de inmigrantes cercana al 30 %, con tradiciones jurídicas muy heterogéneas, y procedentes de más de 180 países diferentes.

Gabriel Fernández Rojas

Estudios realizados: abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Salamanca (España) y Doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (España).

Cargos desempeñados: Director General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid, Director General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, miembro del Foro Nacional para la Integración de los Inmigrantes y cónsul de Colombia en Madrid.

Ocupación actual: Presidente del Consejo Académico y Escolar de la Comunidad de Madrid.