John Jairo Morales: “El comunicador social no puede ser un fiscal ni un juez”

La Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás inició un ciclo de eventos académicos relacionados con el derecho a la libertad de expresión, su necesidad en el ejercicio de la democracia y sus limitaciones con respeto a otras garantías fundamentales, como el derecho al buen nombre.

 

John Jairo Morales, decano de esa facultad, considera que el tema adquiere una connotación especial por estos días, donde los retos de la sociedad colombiana con la búsqueda de la paz pondrán sobre la mesa la discusión en torno a la verdadera incidencia de los medios de comunicación en la consolidación de los procesos políticos y los cambios sociales.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuál es el papel que los medios deben desempeñar en ese propósito de reconciliación nacional?

 

John Jairo Morales: Van a tener incidencia, ya sea en el conflicto o en el posconflicto, dando a conocer las posturas del Gobierno y de los grupos armados. No solo son los llamados a, de una u otra manera, ejercer un control social de lo que suceda en La Habana, transmitiendo lo que piensan los actores allí inmersos, sino también lo que cree un ciudadano común y corriente. Y, por supuesto, la academia tendrá un papel protagónico en ese proceso.

 

Á. J.: Hay normas constitucionales y legales que protegen el derecho, ¿pero este sí se ha desarrollado a través de políticas públicas?

 

J. J. M.: Es una política de Estado, un derecho milenario, reconocido por las constituciones de la mayoría de países del mundo, por tratados internacionales, en el sistema interamericano y en el sistema internacional de protección. Colombia no fue ajeno a ese escenario. Ya frente a la política pública, hay que decir que ninguna de estas puede limitar derechos fundamentales de tal nivel, porque entraríamos a la censura, que está prohibida.

 

Á. J.: ¿Cuáles serían las consecuencias de los estados de censura?

 

J. J. M.: El Estado no pude limitar un derecho de este nivel, porque afectaría el control social, violaría libertades y condiciones de igualdad. Colombia en eso ha sido un país abanderado. Tenemos libertad de expresión y medios de comunicación diversos.

 

Á. J.: Aplicando ese libre acceso a la información, frente a las negociaciones de La Habana, ¿el trabajo de la prensa no podría ser un “palo en la rueda”?

 

J. J. M.: Ahí es donde juega la objetividad de la información. Cuando los medios hacen gala de su responsabilidad social, de su deber de informar de manera veraz e imparcial, cumplen un papel protagónico. Que sea un “palo en la rueda” no es lo propio de su labor, al contrario, deben buscar los escenarios para que el debate de la paz se dé de una manera amplia. Transmitir lo que afecte el proceso de paz, aunque sea negativo, también es su deber.

 

Á. J.: Pero el Gobierno sí parece ver con cierta desconfianza ese papel del periodismo o, de otra manera, ¿cómo se explica que mantenga bajo reserva algunos de los contenidos de las negociaciones?

 

J. J. M.: De pronto, ello apunta a evitar delaciones, pero considero que todo lo que se acuerde debe ser de debate público; eso tiene que llegar al pueblo, a las instancias políticas, a la academia, para ser discutido, y luego ser refrendado con la participación política de ciudadanos, para decir si estamos de acuerdo o no con lo que se hizo en La Habana.

 

Á. J.: ¿Cree que los medios deberían declarar abiertamente que pertenecen a determinada filiación política?

 

J. J. M.: Claro, es parte de la democracia, que se enfoca en dos principios fundamentales: la pluralidad y la participación. La pluralidad es también en el pensamiento; no podemos quedarnos con una idea o dos. En EE UU, hay medios de comunicación que son demócratas y otros republicanos, y eso es válido. En Colombia, también debe ser así. Ojalá existan diferentes posiciones, porque eso enriquece al ciudadano a la hora de tomar decisiones.

 

Á. J.: ¿Qué pasa cuando la salvaguarda de esa libertad individual supone evitar que la opinión pública conozca un episodio de corrupción?

 

J. J. M.: Ahí es diferente, porque se enfrenta al interés general, y prima este último.

 

Á. J.: Hablando de los medios versus justicia, ¿la labor de los primeros entorpece el funcionamiento de la segunda?

 

J. J. M.: No, al contrario. Hace que la justicia sea más activa. Lógicamente, cuando ya está de por medio esa lupa, la justicia actúa mejor, porque le da la relevancia pública a un asunto que se decide en una sala, por un juzgado, un tribunal o una corte.

 

Á. J.: ¿Hasta dónde un periodista puede opinar sobre un hecho que es veraz, sin afectar la honra y la moral de otros?

 

J. J. M.: Cuando es una aseveración indeterminada no hay afectación, pero cuando es determinada, sí. El periodista no puede llegar a decir, al referirse a una persona, que es un ladrón, si no tiene pruebas. El comunicador no puede ser un fiscal ni un juez.

 

Á. J.: ¿Es válido pensar que una decisión judicial pueda estar marcada por la presión que hubieren ejercido los medios?

 

J. J. M.: No, porque el juez debe estar preparado para recibir todo tipo de presión: social, política, de los medios, incluso, de ellos mismos, porque, a veces, deben fallar contrario a lo que piensan.

 

Á. J.: ¿Qué opinión le merece que algunos jueces amenacen con denunciar a periodistas o columnistas que critiquen sus decisiones?

 

J. J. M.: El hecho de los periodistas es opinar. El juez falla, de acuerdo con el sistema jurídico, y el opinar o comentar los fallos judiciales no tiene que incidir en la decisión, por la imparcialidad que aquel tiene. Simplemente, el juez debe interpretar la ley y ser prudente en esa tarea.

 

Á. J.: ¿Es reprochable que un juez se refiera en términos como esos a una opinión de un periodista?

 

J. J. M.: El juez también tiene derecho a opinar frente a lo que un periodista da a conocer. Ya de la objetividad que tenga frente al reproche, en últimas, si constituye un delito, es otro juez el que lo debe determinar. 

 

 

John Jairo Morales Alzate

 

Estudios realizados: abogado y especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes y  magíster en Derecho Público de la Universidad de Konstanz (Alemania).

 

Cargos desempeñados: Director Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia, personero delegado del Distrito Capital, Secretario General de Coldeportes y asesor externo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 

Ocupación actual: Decano Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas y  profesor universitario.