“Hay que ser cuidadosos con el régimen sancionatorio aduanero”

 

Recientemente, PricewaterhouseCoopers (PwC) incorporó a los profesionales Ingrid Díaz y Juan Manuel Camargo, miembros del bufete Díaz Camargo Abogados, como socios de su práctica de Comercio Internacional, Aduanas y Cambios en Colombia.

 

Sin duda, la experticia de tales profesionales fortalecerá esta área de trabajo de PwC. En opinión de Díaz, “después de un análisis por parte de las dos firmas, llegamos a la conclusión de que podíamos lograr una sinergia competitiva para posicionarnos como líder en este tema”.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Con qué urgencia se requiere el tan anunciado Estatuto Aduanero?

 

Ingrid Díaz: La urgencia de la expedición radica en varios aspectos: en primer lugar, existe un clamor para que el sistema aduanero colombiano establezca una diferencia entre lo sustancial y lo formal, enfocando el control y la fiscalización en los aspectos de fondo, más que en los formales. Así, se podrán optimizar los recursos humanos y económicos del Estado en la lucha contra el contrabando y el lavado de activos. El Decreto 993 del 2015 representa un gran adelanto en este sentido y ha marcado un derrotero importante en la nueva fiscalización aduanera.

 

Otro aspecto tiene que ver con los proyectos de infraestructura internacional. Es necesario que Colombia se ponga a tono y logre una infraestructura legal con una logística eficiente para la competitividad. Así, la regulación de los centros de distribución logística y las infraestructuras logísticas especializadas constituye un aporte sustancial para facilitar el comercio.

 

Por último, es necesario crear el marco regulatorio para la expedición de las resoluciones anticipadas en materia de origen y valoración, que facilitarán el ingreso de inversiones al país y que brindarán seguridad jurídica a estos negocios.

 

Á. J.: ¿Qué puntos de esa normativa deben ser regulados con mayor cuidado para facilitar el comercio de mercancías?

 

I. D.: Pienso que el régimen sancionatorio es el que exige mayor cuidado. Este alimenta el sistema de gestión del riesgo. Pretender sancionar por errores meramente formales podría originar una contaminación del sistema, convirtiéndolo en un mecanismo inoperante. Una adecuada tipificación de conductas sancionables no solo otorga seguridad jurídica al administrado, sino también evita las interpretaciones por parte de los encargados de la investigación administrativa aduanera. Además, no es conveniente que consecuencias graves, como la cancelación de las calificaciones o habilitaciones, se encuentren difuminadas en diferentes artículos del régimen sancionatorio. Es indispensable un único artículo que contenga todas las causales que dan lugar a la sanción de cancelación.

 

Tampoco es conveniente un régimen sancionatorio con multas exorbitantes para los operadores de comercio exterior, aunque sí debe existir un piso y un techo para evitar que algunas conductas queden sin sanción.

 

Á. J.: De la experiencia que arrojan los tratados de libre comercio, ¿qué temas considera más sensibles a la hora de encarar esas negociaciones?

 

I. D.: Lograr el equilibrio entre la facilitación y el control aduanero es clave. Los tratados buscan hacer más sencillo el tráfico de mercancías, eliminando algunas barreras, pero, al tiempo, cada país busca mecanismos para que dicha facilitación no erosione el control aduanero de mercancías. De igual forma, los países fortalecen su aparato gubernamental, para que la lucha contra el contrabando, el lavado de activos y el terrorismo sea cada vez más eficiente.

 

Á. J. ¿La reciente Ley Anticontrabando será un instrumento efectivo para combatir este flagelo?

 

I. D.: Por sí misma, no. Nunca la penalización del contrabando ha sido eficaz en combatirlo. Se requiere una política integral de lucha que involucre aspectos sociales, educativos y económicos.

 

Á. J.: ¿Ha sido útil el régimen de zonas francas para aumentar el comercio de Colombia?

 

I. D.: Sin duda, las zonas francas son un mecanismo de promoción del comercio internacional colombiano. Las exportaciones totales de las principales zonas francas del país crecieron, en agosto del 2015, un 21,5 % respecto del año pasado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Adicionalmente, el movimiento de carga desde y hacia las zonas francas también ha estado en ascenso.

 

Á. J.: ¿Por qué la firma Díaz Camargo decidió hacer parte de PwC?

 

I. D.: Tenemos el absoluto convencimiento de que la unión hace la fuerza. Después de un análisis por parte de las dos firmas, llegamos a la conclusión de que podíamos lograr una sinergia competitiva que nos posiciona como firma líder en el área.

 

Ingrid Magnolia Díaz

 

Estudios realizados: es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado y tiene estudios en la Organización Mundial del Comercio en Perú.

 

Cargos desempeñados: socia fundadora de Díaz Rincón Abogados SAS (Díaz Camargo Abogados), dirigió el Área de Comercio Exterior, Aduanas y Cambios Internacionales de Brigard & Urrutia y trabajó en Araújo & Rodríguez y Araújo Ibarra Abogados. Es miembro de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Exterior y del Instituto Colombiano de Derecho Aduanero.

 

Ocupación actual: socia de Price Waterhouse Coopers.