Ramiro Aponte Pino: “Hay falencias en la capacitación del nuevo Código Administrativo”

 

En el marco del XVIII Encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el presidente del Tribunal Administrativo del Huila, Ramiro Aponte Pino, destacó la labor que se ha efectuado en la divulgación del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) en ciudades como Neiva.

 

Sin embargo, señaló que hace falta formación sobre la operatividad del CPACA, su mecánica y dinámica, más aún cuando algunas normas fueron remplazadas prematuramente por el Código General del Proceso (CGP).

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo ha sido la capacitación sobre el manejo del CPACA?

 

Ramiro Aponte Pino: El Consejo de Estado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB) iniciaron una intensa campaña de divulgación del CPACA en diferentes ciudades del país, entre ellas Neiva. En agosto del año pasado, se realizó un seminario que contó con la participación de más de 700 personas, orientada por consejeros, tratadistas, magistrados y jueces. Sin embargo, una vez entró en vigencia la nueva preceptiva, advertimos falencias que dificultan la operatividad del sistema oral. Por ejemplo, no existe un protocolo del manejo de las salas de audiencias, no se sabe cómo es su mecánica, lo cual implica que se tenga que improvisar, y eso no es bueno. Apenas se están terminando unas salas, lo que dificulta la iniciación de los procesos.

 

Á. J.: ¿Qué se extraña en la capacitación?

 

R. A. P.: No se desconoce que la EJRLB viene realizando un intenso programa de capacitación del talento humano, utilizando la técnica de talleres y la resolución de casos que entrañan un alto grado de complejidad. No obstante, esa labor se inició después del 2 de julio del 2012, es decir luego de la vigencia del CPACA, y lo lógico hubiera sido que dicha tarea se iniciara con mucha antelación, toda vez que la Ley 1437 del 2011 entró a regir año y medio después de su promulgación. Sin embargo, resalto que se están haciendo ejercicios académicos importantes.

 

Á. J.: ¿Los abogados litigantes de las regiones están capacitados para afrontar los nuevos procedimientos del CPACA?

 

R. A. P.: A pesar de las campañas de divulgación, el abogado litigante no ha advertido que existe un nuevo marco normativo y continúa anclado a la misma cultura del Decreto 01 de 1984. En muchas oportunidades, no se han podido iniciar procesos, debido a las falencias en que cotidianamente se incurre. En nuestro tribunal se han recibido, aproximadamente, unas 63 demandas ordinarias, pero merced a las deficiencias formales o sustanciales, solo se han admitido dos.

 

Á. J.: ¿Cómo se ha manejado el tema de las notificaciones electrónicas?

 

R. A. P.: Sorprende que muchas entidades no han creado un buzón electrónico destinado a recibir notificaciones judiciales. Esta circunstancia afecta el acceso a la administración de justicia, ya que a la parte actora se le exige que en la demanda indique la dirección donde se debe enviar el mensaje electrónico para surtir la notificación del auto admisorio, y si la parte pasiva no lo ha creado, es obvio que no puede satisfacer dicho requerimiento. Muchas demandas no se han podido admitir por ese motivo, con lo cual se genera un verdadero cuello de botella. Ahora bien, si el mensaje se envía a la página web de la entidad o se cita al representante legal para que acuda a la secretaría, se incurre en una indebida notificación, que a la postre generaría la nulidad de la actuación.

 

Á. J.: ¿Cómo va la implementación de la oralidad en materia administrativa?

 

R. A. P.: Recordemos que el nuevo código consagra un sistema mixto, no es un modelo oral puro. La escritura está presente en el desarrollo del proceso: en la demanda y en la contestación, en el trámite de las excepciones y en la sentencia. Lo que sí tenemos claro es que la oralidad vino para quedarse, no hay marcha atrás. Por eso, en la provincia lo hemos asumido como un reto personal y profesional, partiendo de la base de que no es la panacea que va a resolver automáticamente la congestión y la deuda histórica con los usuarios. Es un instrumento que, indudablemente, facilitará que los procesos fluyan con mayor rapidez y que el ciudadano no tenga que esperar tanto tiempo para que se le resuelva su derecho.

 

Á. J.: ¿Cómo se recibe en las regiones la expedición del CGP frente al CPACA?

 

R. A. P.: Algunas normas del CPACA solo tuvieron algunos días de vigencia, ya que fueron modificadas por el CGP. Como es obvio, la permanente mutación legislativa genera inestabilidad, traumatismos e inseguridad jurídica, lo que, a su vez, le acarrea dificultades al ciudadano, al operador judicial y a la administración. Toda sociedad aspira a que sus instituciones gocen de vocación de permanencia, sin que ello signifique la petrificación del derecho. En lo tocante a estas recientes reformas, la provincia considera que los dos marcos normativos deben ser armonizados y los asumimos con responsabilidad.

 

 

Ramiro Aponte Pino

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad de Los Andes, en Derecho Constitucional de la Universidad Externado, en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y en Gestión Pública de la Escuela Superior de la Administración Pública.

 

Cargos desempeñados: subcontralor departamental del Huila, contralor municipal de Neiva, concejal de San Agustín, catedrático de la Universidad Surcolombiana y litigante.

 

Cargo actual: Presidente del Tribunal Administrativo del Huila.