“Hay que repensar la estrategia de prevención de lavado de activos”

Según el abogado Carlos Augusto Oviedo Arbeláez, Colombia ha mantenido cierto liderazgo regional en materia de manejo y prevención del lavado de activos, aunque fenómenos que vienen de la mano con la disrupción digital han evidenciado la necesidad de plantear una nueva estrategia para combatir dicha problemática. Esto no solo desde el punto de vista de una política pública de Estado, sino, además, desde el punto de vista jurídico.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿El marco jurídico colombiano cumple con los estándares internacionales para el manejo y la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo?

Carlos Augusto Oviedo Arbeláez: Sí, Colombia cumple en mayor medida con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Las evaluaciones mutuas adelantadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y las autoevaluaciones al Sistema Nacional Anti Lavado, lideradas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), así lo atestiguan. Desde los noventa, el país ha mantenido cierto liderazgo regional, pero subsisten diferencias entre los textos legales y su aplicación efectiva. Por ejemplo, bajó el número de condenas por lavado de activos y financiación del terrorismo, pues parece que resulta más fácil judicializar por enriquecimiento ilícito u otro tipo penal ante la complejidad de la prueba del origen o destino ilícitos, lo que invita a repensar la estrategia de prevención de lavado de activos (AML/CFT, por su sigla en inglés).

Los resultados y eficacia mejorarían si los oficiales de cumplimiento pudieran consultar ciertas bases de datos o si se utilizara la figura de peritos financieros, contables y/o tributarios en procesos de complejidad. 

Además, las normas AML/CFT deberían evitar su mal uso para la exclusión del mercado (derisking) y estigmatización de sectores económicos.

Á. J.: Las criptomonedas han favorecido el lavado de activos. A su juicio, ¿cómo se puede atacar esta problemática?

C. A. O. A.: El comercio digital, los criptoactivos y el mundo digital son terrenos fértiles de oportunidades de negocio, como también un creciente factor criminogénico: ciberlavado, pirámides, estafas y especulación. Está documentado el uso indebido de las criptomonedas, aprovechando el aparente anonimato, su desregulación y el nulo o escaso control de las autoridades. La falta de claridad de la jurisdicción territorial frente a la ágil realidad virtual dificulta, igualmente, la acción de las autoridades.

Por eso, el mundo digital demanda controles de autoridad a los proveedores de las plataformas basadas en la web para enfrentar amenazas del ciberterrorismo y el ciberlavado, entre otros factores de ingobernabilidad. Ciberpatrullas que ronden estos espacios o identidad con responsabilidad de los generadores de esos activos son algunos mecanismos que conducen al control paulatino de la realidad virtual, que ha llegado para quedarse.

Á. J.: ¿Regular la responsabilidad penal corporativa mitigaría los riesgos frente al lavado de activos?

C. A. O. A.: Creo que la responsabilidad penal corporativa los mitigaría, advirtiendo malas prácticas empresariales de quienes se lucran en desarrollo de su objeto social con el lavado de activos. Bastaría con acreditar el nexo entre la conducta y la actividad de la empresa que se lucra para que el juez competente pueda imponer la sanción prevista por la ley.

A los administradores les corresponde gestionar las empresas, evitando que al abrigo de su objeto social se violen las normas penales y generen daños a la sociedad, distinguiendo cómo toman decisiones los cuerpos colegiados o identificando si se trata de actos de funcionarios desleales. 

Á. J.: ¿Cómo califica la actuación de los funcionarios judiciales y las autoridades administrativas colombianas que hacen frente a la problemática del lavado de activos?

C. A. O. A.: Colombia tiene una amplia trayectoria enfrentando delitos de alto rendimiento económico y sus producidos. Las autoridades gozan de experticia y pueden servirse de peritos expertos para comprender la complejidad de ciertas operaciones financieras, bursátiles o de comercio exterior para comprobar la licitud o ilicitud materia de la investigación penal.

Como autoridad gubernamental y académica, como banquero, consultor y abogado que ha entrenado autoridades, oficiales de cumplimiento, juntas directivas y funcionarios bancarios, puedo dar fe del alto nivel de capacitación de las autoridades colombianas para enfrentar este flagelo.

Funcionarios extranjeros vienen a nuestro país a capacitarse y a entender la interdisciplinariedad y conjuntez requerida para esclarecer la responsabilidad penal de los investigados.  Pero nunca dejará de sorprendernos la creatividad y sofisticación con la que operan los lavadores de activos.

Carlos Augusto Oviedo Arbeláez

Estudios realizados: es abogado javeriano y magíster en Derecho Penal Internacional (Italia) y en análisis de problemas políticos, económicos, sociales e internacionales (Francia y Colombia). Además, es especialista en Derecho Penal Económico (España), entre otros.

Cargos desempeñados: algunos de los cargos ocupados son: Procurador Delegado para la Policía Nacional, Procurador Judicial Penal, Director General de Política de Drogas y Estupefacientes, asesor del Director General de la Dian, docente universitario y conferencista.

Ocupación actual: abogado y catedrático, consultor internacional experto en prevención y control al lavado de activos, riesgos, compliance normativo y gobernanza.