Gilberto Blanco Zúñiga: El juez no puede ser indiferente a los problemas de la humanidad

Además de las enseñanzas de sus maestros y de la colaboración que siempre encontró en sus compañeros de “pupitre”, la vocación de Gilberto Blanco Zúñiga por el Derecho Civil tiene una clara explicación: su padre, Wenceslao Mestre Castañeda, fue magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Marta durante dos décadas.

 

Siguiendo su orientación, y la de antiguos superiores laborales, como Aleksey Herrera Robles, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y Margarita Cabello Blanco, su profesora de introducción al Derecho y hoy magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanco ha desempeñado diversos cargos en la función pública, hasta llegar a magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo se puede definir la responsabilidad social que tiene el juez con la comunidad?

 

Gilberto Blanco Zúñiga: Se trata de un compromiso con la gente, la historia y con su propio prestigio. Para ello, el funcionario de la judicatura no puede ser indiferente ante los crecientes problemas que están afectando a la humanidad, lo que exige que, desde el espectro funcional de cada uno, se levante una proclama para reivindicar valores y garantías sociales, respetar el patrimonio ambiental y sentir las necesidades del tiempo y del espacio donde se resuelven los conflictos. Los jueces y magistrados, como en general todos los servidores de la Rama Judicial, reciben las angustias humanas y deben solucionarlas con una lúcida, motivada y ecuánime decisión, por cuanto juzgar, más que un simple trabajo, es la escogencia de una forma de vida que demanda templanza de carácter, integridad de espíritu y humildad, junto con un alto adeudo social.

 

Á. J.: ¿Colombia requiere una declaración de principios de ética en la práctica de la función judicial?

 

G. B. Z.: A mi modo de ver, de ninguna manera. La función judicial siempre la he mirado como un apostolado, que exige que quien escoja esa forma de vida debe incardinar los sustratos morales suficientes para ejercer con dignidad el sacerdocio de ser juez. Qué mejor declaración de principios que la defensa de la Constitución, la justicia, la paz, la seguridad, el bien común y la equidad.

 

¿Puede existir un manual más completo para el ejercicio de la abogacía que el compendio que incorpora, a manera de ejemplo, los 10 mandamientos del abogado al que aludió Eduardo J. Couture? Mire, en alguna oportunidad que alguien intentó herir verbalmente al maestro Fernando Hinestrosa Forero, refiriéndose a la diferencia de valores que se adquirían en una universidad o en otra, e insistiéndole en que aquellos dependían del paso por ella, él, con el tino que lo caracterizaba, respondió que esos “valores”, “se bebían directamente en la leche materna”.

 

Esto significa que más que una declaración de principios éticos para desempeñar la función judicial, lo que interesa es asumir conductas rectas y ejemplificantes, que eleven al juez de su condición humana para posesionarse en la misión de dispensar justicia.

 

Á. J.: ¿Cómo recuperar el prestigio del juez en momentos en donde se cuestiona su imagen?

 

G. B. Z.: Nunca sobrarán los mecanismos para pretender una más pulcra y eficiente función jurisdiccional, como la capacitación permanente, mejor remuneración, rigorismos en los procesos de selección, etc. Sin embargo, la huella del esfuerzo judicial ordinariamente es silenciosa; si se quiere, pocas veces reconocida. A pesar de que corresponde al juez definir temas de gran importancia, se olvida que también es un ser humano, provisto de todas las pasiones. Así, la imagen del juez siempre será objeto de cuestionamientos y de dardos de todo tipo. No olvidemos que nunca, después de resuelta una controversia, se dará gusto a todos los extremos de la misma. Es comprensible que en cada caso quede un dolido, un inconforme con la decisión, muchas veces al margen de la rectitud, suficiente motivación y justeza de la resolución.

 

Á. J.: ¿A qué se le puede atribuir el éxito de la Sala de Casación Civil en materia de descongestión?

 

G. B. Z.: Aunque mi llegada a la Corte Suprema data de comienzos del 2012, para el año 2003, durante la presidencia del magistrado Pedro Munar Cadena, se impulsó un plan de descongestión, que ha sido relativamente prohijado en las presidencias sucesivas. Gracias a ello, actualmente, en la Sala de Casación Civil existen para sentencia poco más de 130 procesos, contando recursos de casación, revisión y exequátur, sin dejar de lado que varios de ellos ya fueron aprobados en sala. Desde ese entonces, se trató, con evidente éxito, de evacuar los asuntos por temas, y ello permitió mayor prontitud en la resolución de los conflictos.

 

Á. J.: ¿Qué representa para la justicia y para la comunidad la entrada en vigencia del Código General del Proceso?

 

G. B. Z.: A riesgo de pecar de muy optimista, creo que la expedición de la Ley 1564 del 2012 nos permite pensar en el advenimiento de un nuevo siglo de las luces en materia judicial. Ciertamente, a pesar de que siempre se ha discutido la primacía de la oralidad frente al texto escrito y viceversa, como lo revelan análisis, estadísticas, propósitos, prevenciones, estímulos y sanciones, la obra, al menos plantea, entre otras cosas positivas, una visión antropocéntrica que deja de ver al individuo, luego de enfrentarse a los complicados procedimientos legales, en un ser inerte e, incluso, indefenso en el proceso.

 

Hoy, nos encontramos frente a una obra que, seguro, marcará un antes y un después en materia de solución de conflictos, porque le permitirá a Colombia tener un juicio realmente efectivo, accesible, sencillo, moderno y expedito, a tono con la llegada de las tecnologías, la cibernética y la robótica, aunque nunca será suficiente, porque, cada vez más rápido, el ser humano en sus interacciones avanza a un ritmo para lo cual las normas escritas terminan quedando obsoletas.

 

 

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Gilberto A. Blanco Zúñiga

 

Estudios realizados: abogado, especialista en Estudios Políticos y Económicos y magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte. Así mismo, tiene una especialización en Derecho Contractual de la Universidad Externado y cursos complementarios en educación en la Universidad Paris-Est Créteil Val de Marne.

 

Cargos desempeñados: juez civil municipal, abogado sustanciador de la Corte Constitucional, asesor del Ministerio de Agricultura y de la Viceprocuraduría General, Director Jurídico del ICA, docente universitario y autor de varias obras jurídicas.

 

Ocupación actual: magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.