Ana María Lara Salinas
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, maestría en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo
Consultora internacional

En un mundo en que cada vez es más necesaria la mano de obra cualificada y sin cualificar por el envejecimiento de la población, las políticas migratorias se vienen convirtiendo en un instrumento de restricción en la política comercial y, sobre todo en un renacimiento importante de la criminalización del migrante y la securitización de la migración como estrategia de política pública migratoria.

Securitizar la migración implica construir una imagen pública del migrante como un “enemigo”, lo paradójico es que es ese ser humano el que se quiere ver como enemigo, el que siembra y recoge los cereales, las frutas y las verduras; limpia los pescados o mariscos; corta la carne y quien garantiza alimentación en supermercados para las poblaciones de destino, quien conduce los camiones por días y toma trabajos que nadie quiere hacer, pero que dinamiza la economía lavando loza en los restaurantes, limpiando baños, etc. Esos “enemigos” son quienes cuidan a los adultos mayores que ningún nacional quiere cuidar o tiene tiempo para hacerlo, ese “enemigo” es la mano de obra calificada que salva vidas donde ya los médicos y enfermeros se están jubilando, maestros y profesores que suplen mano de obra en el sector educativo y, por supuesto, ingenieros, matemáticos, científicos, que ayudan a impulsar las industrias de tecnologías de la información y otras muchas.  Obviamente, hay algunos que hacen parte de grupos delictivos, sí, los hay, pero es que toda regla tiene excepción, pero la excepción no es la regla.

Queremos que la economía crezca y ¿cómo hacemos para que crezca cuando la persona no hace importantes inversiones por el miedo a ser deportada, cuando no puede consumir con tranquilidad, cuando no está regularizada y no paga los impuestos directos y hace cotización al sistema de seguridad social o cuando no se da la seguridad jurídica necesaria para la inversión y el consumo?

Se justifica la necesidad de “expulsar” y limitar el ingreso de migrantes porque “no sabemos quién está en el territorio y puede ser un peligro para los nacionales”, pues bien, cuando hay voluntad, siempre se busca la forma. Existen mecanismos de regularización, e incluso, a aquellos que plantean que el costo de la regularización es muy alto, es importante recordarles que hay procesos de regularización en los que los migrantes pagan y le permiten ingresos importantes al Estado, ¿entonces? ¿Por qué expulsarlos? ¿Por qué dejarlos en la irregularidad? ¿Por qué convertirlos en chivos expiatorios de las políticas de seguridad nacional? Poner al migrante como un enemigo público equivale a invisibilizarlo y quitarle sus derechos.

A manera de cálculos matemáticos, vale la pena pensar: ¿cuánto valen los vuelos de deportación?, ¿cuánto vale la acción militar y policial en contra de los migrantes?, ¿no será que es más económico regularizarlos?, ¿no será más económico valorar el aporte del migrante y crear políticas de inclusión e integración? Por supuesto, esto solo en términos financieros, porque ya no podemos ni pensar en las pérdidas que se han tenido en materia de convenios de derechos humanos, la misma institucionalidad de derecho internacional, y cuánto se nutre el negocio que tienen las bandas delincuenciales en sus negocios de tráfico ilícito de migrantes y trata de persona.

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