Gobierno socializa borrador de proyecto para bajar tarifas de energía
La propuesta busca garantizar acceso equitativo a subsidios, mejorar la eficiencia y reestructurar la facturación del servicio de energía eléctrica.Openx [71](300x120)

26 de Junio de 2025
El Gobierno inició la socialización del borrador del proyecto de ley que será presentado ante el Congreso con el objetivo de reducir las tarifas de energía eléctrica en el país. La propuesta también busca modificar la fórmula de subsidios aplicados a los estratos 1, 2 y 3 y reformar la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). La iniciativa fue publicada en la página del Ministerio de Minas y Energía para comentarios ciudadanos y se discutirá con actores del sector.
El ministro de Minas, Edwin Palma, anunció que el proceso de socialización comienza en Valledupar durante un foro de divulgación y discusión del borrador. Este espacio contará con la participación de gremios, empresas del sector eléctrico, academia, sindicatos y usuarios. Adicionalmente, el proyecto será presentado en otros municipios como Puerto Wilches y Sabana de Torres, Santander, en el marco de actividades del sector energético. (Lea: ¿Cómo aborda el Derecho la transición energética?)
El borrador consta de diez artículos que abordan mecanismos para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica con equidad, sostenibilidad y eficiencia. Entre los puntos más relevantes está la posibilidad de pagar por separado los servicios públicos incluidos en una misma factura, la reestructuración de los subsidios y la modificación transitoria de la opción tarifaria. Además, se establece que los estratos altos asumirán parte de la deuda acumulada por los estratos bajos.
Uno de los aspectos clave del proyecto es la nueva composición de la Creg. Se plantea reducir los años de experiencia exigidos a los expertos comisionados, así como integrar representantes de la academia, los usuarios y los sindicatos. La reforma apunta a fortalecer la participación y a dinamizar la toma de decisiones dentro del organismo regulador. La Superintendencia de Servicios Públicos será la encargada de verificar la implementación de estas medidas un año después de su entrada en vigencia.
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