Fue sancionada una ley que fortalece la política pública de salud mental en Colombia. Esta normativa promueve una atención integral con enfoque comunitario, territorial, diferencial, de derechos humanos y de género. Su alcance abarca desde la prevención hasta la rehabilitación e incluye la participación activa de organizaciones sociales, instituciones educativas, entidades religiosas y la ciudadanía en general.

El propósito es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental mediante un modelo articulado, intersectorial y participativo. (Lea: Nueva ley garantiza atención integral y diferencial en salud mental)

Se establecen directrices para la actualización de guías, protocolos y rutas de atención, los cuales serán de obligatorio cumplimiento y deberán armonizarse con estándares internacionales y principios de respeto a la diversidad. Además, se promueve la formación del talento humano, el desarrollo de investigaciones, la caracterización de las poblaciones y el seguimiento de los determinantes sociales vinculados a los trastornos mentales. Estas acciones estarán lideradas por el Ministerio de Salud, en coordinación con el DANE, el Consejo Nacional de Salud Mental y otras entidades públicas y privadas.

Entre las estrategias priorizadas se contempla la implementación de un modelo comunitario para la prevención de trastornos mentales, con énfasis en la formación en primeros auxilios sicológicos, la divulgación de rutas de atención, la promoción del deporte como factor protector y el fortalecimiento de la economía del cuidado. Asimismo, se prevé una atención diferenciada para personas con consumo problemático de sustancias, habitantes de calle, adultos mayores y víctimas de violencia, desastres o emergencias, de acuerdo con sus condiciones particulares.

La norma garantiza el acceso a los servicios de salud mental en condiciones de calidad, oportunidad y continuidad. Para ello, se impulsará el uso de la telemedicina, la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, la dispensación adecuada de medicamentos y la participación comunitaria en los mecanismos de control social de la gestión pública. El enfoque intercultural y la inclusión social son reconocidos como ejes transversales de esta política. El Gobierno nacional deberá reglamentar e implementar estas disposiciones en un plazo de seis meses.

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