En desarrollo de los lineamientos para fortalecer la defensa judicial de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro les acaba de ordenar a sus apoderados, una vez asignado cada proceso, evaluar los riesgos del mismo, con el fin de determinar la probabilidad de fallo en su contra. La valoración se efectuará con base en los criterios previstos en el Sistema Único de Información de Gestión Jurídica del Estado Litigob Fase II, entre ellos, los indicadores de fortaleza de la defensa, la presencia de riesgos procesales y el nivel de jurisprudencia, descritos en la Resolución 5225 del pasado 29 de junio.