En adelante, los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se estime en una cifra igual o superior a 200 salarios mínimos legales mensuales, estarán sujetos al pago de una contribución parafiscal equivalente al 2% de la base gravable, salvo algunas excepciones. Así lo contempla la Ley 1394 del pasado 12 de julio, que reglamenta el arancel judicial creado por la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (L. 1285/09) y busca sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia. Los recursos por ese concepto, estimados en $ 240.000 millones anuales, serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.