La afectación impuesta por una entidad pública a los inmuebles impide a sus causahabientes registrales obtener licencias para autorizar, parcelar o construir en la parte afectada con la medida. Así lo señaló el Consejo de Estado al precisar que para que se configure esa afectación es necesario que así se registre en los folios de matrícula inmobiliaria. El consejo aclaró que puede comprometer la responsabilidad del Estado negar las peticiones dirigidas a obtener los permisos sobre fijación de parámetros y niveles de los predios declarados de utilidad pública. Estas solicitudes previas a las licencias de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación son permisos para realizar obras de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y deben ser atendidas como ejercicio legítimo de las facultades que tienen los particulares. En este tipo de responsabilidad, no importa la antijuridicidad de la conducta, sino del daño (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo).