El Consejo de Estado negó la nulidad de varias disposiciones de los decretos 1161 del 2002 y 4431 del 2004, que modificaron el Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), en los que se consagran los precios indicativos y estimados como mecanismo de control de la valoración de las mercancías importadas y se establece la aprehensión como medida cautelar cuando se desconozcan esos precios. Según el demandante, esa creación estableció un valor en aduana mínimo, ficticio y arbitrario que vulnera el marco normativo nacional e internacional. Sin embargo, el consejo no estuvo de acuerdo y advirtió que dichos precios no constituyen métodos adicionales o mecanismos que contradigan las normas internacionales, toda vez que comprenden los mismos métodos de valoración que las normas comunitarias (C.P. María Elizabeth García González).