El acceso a vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia, independiente de los derechos a la reubicación, adquisición y restitución de la tierra que también tiene esta población. Así lo aclaró la Corte Constitucional al precisar que ese derecho fundamental consiste en la posibilidad de contar con un hogar digno para el asentamiento de la familia y para el que es necesario el acompañamiento informativo que ofrezca claridad sobre los trámites y requisitos para acceder a soluciones de vivienda. El alto tribunal subrayó la importancia de la obligación de informar sobre las alternativas de subsistencia digna. En el caso concreto, rechazó la actuación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) al cambiar los procedimientos para acceder a las pretensiones de venta o reubicación de un inmueble, lo que desencadenaba una transgresión masiva de derechos fundamentales (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).