¿Cuál es el deber del revisor fiscal frente a la posible comisión de delitos de su cliente?
Informar por escrito a la administración las irregularidades detectadas en el ejercicio de su trabajo y denunciarlas ante las autoridades, uno de los deberes del profesional.
29 de Abril de 2026
La institución de la revisoría fiscal en Colombia tiene a su cargo deberes especiales frente a la presunta comisión de delitos por parte de sus clientes.
En cumplimiento del mandato legal, el contador público que desempeñe este rol tiene la responsabilidad ética y profesional de informar por escrito a la asamblea, junta directiva o gerente sobre las irregularidades detectadas y denunciarlas ante las autoridades.
La tarea de denunciar está tipificada en el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 43/90, modificado por la Ley 2195/22, así como el reporte de operaciones sospechosas (Ley 1762/15) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Esta obligación puede resultar algo compleja, por lo que el profesional debe considerar en su plan de trabajo el conocimiento del cliente, evaluación de riesgos y mediante procedimientos de auditoria llegar a una conclusión de seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales debidos a fraude o error, lo cual debe quedar evidenciado en los papeles de trabajo y soportes pertinentes.
Además, le corresponde sugerir la implementación de controles para mitigar los riesgos relacionados con lavado de activos y otros delitos, así como actuar con ética profesional para evitar la complicidad o negligencia en el reporte. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en responsabilidad civil, penal y administrativa para el revisor fiscal. (Lea: ¿Cuáles son los delitos que el revisor fiscal debe denunciar?)
Es de anotar que el alcance de las funciones del revisor fiscal va más allá de asegurar la razonabilidad de las cifras, por lo que al asignarle la función de reporte el Estado busca fortalecer la confianza en el sistema financiero y empresarial, al tiempo que ubica al contador público como garante de la legalidad de las operaciones empresariales, convirtiendo la revisoría fiscal en un puente entre las organizaciones y el Estado en la lucha contra los delitos económicos, corrupción y financiación del terrorismo.
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